En 2011, durante la crisis económica, una mujer de Benalmádena solicitó ayuda para comer y mencionó ser administradora de una empresa que quería abandonar. El municipio, con más de 75.000 habitantes, estaba sufriendo el estallido de la burbuja inmobiliaria. La Delegación de Bienestar Social, liderada por Francisco Salido, comenzó a atenderla.
El caso del puerto de Benalmádena
Diez meses después, la mujer fue desahuciada de su vivienda pero firmó una oferta para realizar una obra valorada en 50.000 euros en Puerto Marina, el puerto deportivo de la ciudad. Un informe de auditoría del interventor municipal destapó un gran fraude en Puerto Marina, incluyendo un dictamen pericial sobre firmas en presupuestos de obra.
Irregularidades en la contratación pública
Los presupuestos eran falsos, presentados solo para aparentar competencia, y sus verdaderos firmantes eran personas de confianza de un concejal y consejero delegado del puerto. La UDEF tomó declaración a varios empresarios que declararon no saber nada de los presupuestos que supuestamente habían presentado.
Condena por delitos de corrupción
A finales de 2025, la Audiencia Provincial de Málaga condenó a Salido, concejal de Bienestar Social, y a José Manuel López Merino, gerente del puerto, a cuatro años y cuatro meses de prisión por amañar contratos de obra en el puerto. La sentencia confirma que se pusieron de acuerdo para favorecer a un empresario ya fallecido con la adjudicación fraudulenta de servicios y obras.
