El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado los trámites para aprobar una nueva ordenanza de obras e instalaciones de servicios más exigente en términos de seguridad, accesibilidad y calidad. La normativa, actualizada por primera vez desde 1991, busca mejorar la coordinación entre empresas de suministros y la administración municipal.
La teniente de alcaldía Laia Bonet destacó la necesidad de un régimen sancionador específico para garantizar el cumplimiento de las obligaciones. La nueva ordenanza establece sanciones de hasta 3.000 euros para infracciones graves.
Mejora de la coordinación y seguridad
El gobierno municipal busca lograr una coordinación "plena" entre las empresas de suministros de servicios y la administración municipal. La nueva ordenanza impulsa la creación de un ente gestor para unificar peticiones de actuación y coordinar posibles interacciones entre obras.
La normativa también establece un compromiso ambiental real, incentivando el uso de maquinaria eléctrica y material reciclado. El objetivo es reducir emisiones de partículas y ruido, así como mejorar la calidad y seguridad de las obras.
Régimen sancionador y simplificación de trámites
La nueva ordenanza establece tres tipologías de infracciones: leves, graves y muy graves. Las sanciones pueden llegar hasta 3.000 euros en casos de vulneración de la legislación urbanística. El régimen sancionador busca garantizar la calidad y buena ejecución de las obras.
