A partir del 3 de abril, las empresas agroalimentarias españolas que no dispongan de planes de prevención de desperdicio alimentario o no donen excedentes a entidades sociales podrán ser sancionadas con multas de hasta 500.000 euros. La normativa busca reducir el desperdicio alimentario en un 20% y alcanzar el objetivo de disminuir las 1,7 millones de toneladas de comida desechada anualmente. Las empresas tendrán que implementar medidas para prevenir el desperdicio y donar excedentes a entidades sociales.

La lucha contra el desperdicio alimentario se vuelve obligatoria

La ley contra el desperdicio alimentario entró en vigor el 3 de abril, después de un año de preparación para las empresas. La normativa obliga a las empresas agroalimentarias a disponer de planes de prevención de desperdicio alimentario y a donar excedentes a entidades sociales. Las empresas que no cumplan con estas obligaciones podrán ser sancionadas con multas de hasta 500.000 euros.

¿Quiénes están exentos de la normativa?

No entran en esta normativa los hogares o el consumo doméstico, pese a que es en este tramo de la cadena donde más alimentos se derrochan. También están exentas del cumplimiento de estas exigencias las compañías que tengan menos de 10 trabajadores y dos millones de facturación, las explotaciones agrícolas de menos de 50 trabajadores y 10 millones de facturación y los establecimientos comerciales inferiores a los 1.300 metros cuadrados.