El juicio del caso Kitchen ha reabierto la polémica sobre el manejo de fondos reservados en la Policía, 40 años después de los asesinatos del grupo antiterrorista GAL. La investigación ha revelado que en 2013, 57.943,43 euros de fondos reservados se utilizaron para sabotear la investigación de la financiación irregular del Partido Popular.
La opacidad de los fondos reservados
La ruta del dinero público desaparece en un ángulo muerto del Estado, donde se confinan los fondos reservados, el dinero de los contribuyentes que escapa a cualquier fiscalización por el interés superior de la seguridad. La normativa que rige en la actualidad, aprobada en 1995, lleva posibilitando durante más de 40 años el manejo de los fondos reservados de manera discrecional por mandos policiales, sin apenas control ni justificación.
El caso Kitchen y la malversación de fondos
La investigación de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa ha abierto una rendija desde la que observar otra falla del sistema. Los fiscales Anticorrupción solicitaron la desclasificación de la orden que regula los fondos reservados desde 1995 y concluyeron que había 'disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados'. En la operación Kitchen, ese descontrol 'habría permitido la utilización ilícita de los fondos reservados, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales'.
La Policía disfrutaba mensualmente de 250.000 euros de fondos reservados, repartidos al arbitrio de una sola persona, el director adjunto operativo. Durante los hechos investigados, esa persona era Eugenio Pino, el comisario al que el Partido Popular entregó el mando operativo de la Policía. Pino se sienta en el banquillo de Kitchen para enfrentarse a una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
El 'cajero pagador' de los fondos reservados
Miguel Ángel Bayo, funcionario facultativo, llevaba 32 años destinado en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo. Bayo describío en su declaración cómo se aplica en la actualidad la orden firmada en 1995. Ante el juez y los fiscales, Bayo habló de 'una cosa mecánica, de buena fe'. 'Pero no estamos hablando de un banco, ni de una empresa mercantil. Estamos hablando de la Policía', le interrumpió el fiscal Stampa.
El control de los fondos reservados
El coronel retirado de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, dijo en su declaración que la normativa le atribuía un papel de 'control contable' de los fondos reservados. Su trabajo consistía en confirmar que la suma de los gastos en operaciones se correspondía 'hasta el último céntimo' con el total justificado. Cualquier otra comprobación adicional estaba supeditada a que no hubiera concordancia en las cifras.
La desclasificación de la instrucción
Los fiscales Stampa y Serrano consiguieron que el Consejo de Ministros accediera a desclasificar la instrucción de los fondos reservados. La Fiscalía Anticorrupción concluyó que la documentación remitida a la Secretaría de Estado no se ajustaba a la normativa legal.
El reparto de fondos reservados
Fuentes consultadas aseguran que en el reparto de fondos reservados para la Policía, el peso de la DAO creció entre 2012 y 2016 exponencialmente frente a otras unidades. 'La Comisaría General de Policía Judicial recibe 70.000 euros al mes. Cómo va a saber el secretario de Estado si es para pagar a un confidente o para otra cosa?', se preguntan.
Los gastos para el conductor de Bárcenas
Los gastos para el conductor de Bárcenas salieron de los fondos reservados de Interior destinados a la Dirección Adjunta Operativa. Andrés Gómez Gordo, el policía que dejó de ser asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para controlar al chófer, reconoció al juez que los 2.000 euros limpios al mes durante dos años o los 700 de la pistola que le entregaron salió del dinero bajo secreto de la DAO.
El viaje a Nueva York
José Ángel Fuentes Gago, en apariencia un jefe de gabinete de Pino, también recogió en mano el dinero para un viaje al extranjero dentro de otra operación. Fuentes Gago encabezó la delegación que viajó a Nueva York en 2016 para intentar recabar un testimonio contra Podemos de un exministro de Hugo Chávez.
La petición de la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Eugenio Pino, Andrés Gómez Gordo y Francisco Martínez, entre otros. La investigación ha revelado un entramado de corrupción y abuso de poder en la Policía durante el gobierno del Partido Popular.
