El caso Kitchen, una investigación que comenzó en 2017, ha revelado una red de contactos y reuniones entre políticos, policías y abogados que buscaban obtener material comprometedor para el Partido Popular y su presidente, Mariano Rajoy. El inspector jefe de Asuntos Internos de la Policía, Gonzalo Fraga, jugó un papel clave en la investigación.
La investigación y sus hallazgos
La investigación se centró en las conversaciones entre Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, y José Manuel Villarejo, un comisario de policía. Los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano solicitaron la imputación de María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, después de descubrir una guía con apodos utilizados por una banda integrada por policías, políticos y abogados.
El papel de Villarejo y Cospedal
Las reuniones entre Cospedal y Villarejo estaban registradas en las agendas de Villarejo desde 2009. Cospedal había contratado a Villarejo para ayudarla a desactivar la causa Gürtel. La investigación también reveló que Fernández Díaz comunicaba a Rajoy las operaciones, según conversaciones con Daniel de Alfonso, director de la Oficina Anti Fraude de Cataluña.
La decisión del juez García-Castellón
El juez Manuel García-Castellón transformó las diligencias en procedimiento abreviado el 29 de julio de 2021, procesando a once personas, pero archivó la causa para Cospedal y su marido sin informar a los fiscales. Los fiscales elaboraron un recurso de noventa folios, argumentando que la trama política no se quería investigar.
