Parlament descarta debatir la ley de la CUP para blindar el catalán en la escuela (lead)
El 7 de abril de 2026, el Parlament de Catalunya, tras la junta de portavoces, excluyó del orden del día la propuesta de la CUP que pretende derogar la normativa lingüística de 2022 y establecer una prueba de nivel C1 de catalán al terminar la ESO. La decisión se produce pese a la presión de la diputada Laure Vega y a la reciente sentencia del TSJC.
El fallo del TSJC y su impacto en la normativa educativa catalana
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya anuló parcialmente el Decret 91/2024, que regulaba el régimen lingüístico en la educación no universitaria. La orden de ejecución provisional, dictada el 7 abril 2026, obligó al Govern a presentar medidas correctivas y motivó la solicitud de comparecencia del president Salvador Illa ante el Parlament. Según los datos oficiales, el decreto anuló el 25 % de la actividad lectiva en castellano y mantuvo el catalán como lengua vehicular.
Contenido de la propuesta de la CUP para “blindar” el catalán en la escuela
Registrada en julio 2025, la iniciativa anticapitalista de la CUP plantea tres cambios estructurales:
Derogación íntegra del texto aprobado en 2022 por PSC, Junts, ERC y Els Comuns.
Sustitución por una prueba acreditativa de nivel C1 de catalán al concluir la ESO.
Eliminación de los porcentajes fijos de uso del castellano y obligación de que cada centro elabore su propio proyecto lingüístico, sin la intervención del Departament d’Educació.
Estos puntos buscan “blindar” la inmersión lingüística y anticiparse a futuros fallos judiciales.
Reacciones y alineaciones de los partidos en el Parlament
PSC: presentó una enmienda a la totalidad y aboga por esperar los recursos judiciales antes de cualquier debate. “El compromiso con el modelo de escuela catalana es claro, sólido y firme”, afirmó la portavoz Elena Díaz.
PP y Vox: votaron contra la inclusión del debate, argumentando que la medida vulnera la cohesión nacional.
Junts: mantuvo una postura parcial, criticando al PSC por “poner siempre por delante la castellana” y apoyando la necesidad de reforzar la inmersión.
ERC: adoptó una posición neutral, señalando que no ha puesto obstáculos a la inclusión de la cuestión en el orden del día.
CUP: acusó al PSC de ausencia en los debates y de priorizar la lengua castellana, reiterando su crítica al Pacte Nacional per la Llengua.
La Mesa y la Junta de Portaveus priorizaron los Decret llei 2/2026 y 3/2026, dejando la propuesta de la CUP fuera del pleno. La votación final contó con PSC, PP y Vox en contra, mientras que Junts y ERC no respaldaron la iniciativa.
Perspectivas futuras: recursos judiciales y posibles cambios en la política lingüística
El Govern ha anunciado que el fallo del TSJC no tendrá efectos inmediatos en los centros hasta que el Tribunal Supremo y el Constitucional se pronuncien. Se prevé la interposición de un recurso de reposición contra la medida cautelar, con la opción de elevar el caso a casación. Mientras tanto, la exclusión del debate debilita la estrategia de la CUP y aumenta la presión sobre el PSC para ofrecer una respuesta más firme.
En el escenario político, la falta de debate parlamentario podría impulsar nuevas iniciativas legislativas que busquen reforzar la inmersión sin depender de la derogación del texto de 2022. Observadores señalan que la continuidad del modelo actual depende de la evolución de los recursos judiciales y de la voluntad del Govern de mantener la prueba C1 como referencia de calidad lingüística.
En conclusión, la decisión del Parlament de excluir la propuesta de la CUP mantiene el statu quo lingüístico mientras se aguardan los pronunciamientos judiciales superiores. El debate sobre cómo blindar la inmersión catalana en la escuela continuará siendo un eje central de la agenda política catalana durante los próximos meses.
