El próximo miércoles 15 de abril, entrará en funcionamiento el sistema de reparación a víctimas de abusos en la Iglesia católica en España, fruto de un acuerdo entre el Gobierno, el Defensor del Pueblo y la Conferencia Episcopal Española. Este sistema contempla el pago de indemnizaciones a cargo de fondos del clero y busca hacer efectivos los principios de justicia y reparación hacia un colectivo de víctimas que durante muchos años ha permanecido olvidado.
Un cambio de paradigma en la gestión de los abusos
El acuerdo, que no ha sido fácil, ha sido el resultado de dos años de negociación, con intervención papal de por medio. El ministro Félix Bolaños consiguió la rúbrica del acuerdo el 8 de enero y la plasmación de un protocolo el 30 de marzo. La Defensoría del Pueblo, a través de la Unidad de Víctimas, será la encargada de estudiar cada caso, escuchar las partes y elaborar una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación.
Un enfoque innovador en la justicia transicional
La peculiaridad del sistema español se encuentra en el papel que juega el Estado, lo público. Esto ofrece mayores garantías, al no depender de un acuerdo exclusivamente privado. El sistema puede hablarse propiamente de la creación de un mecanismo extrajudicial con carácter público que explora los caminos de una justicia transicional con dimensión restaurativa. La Iglesia se aviene así a un marco de justicia secular.
