El presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado una subvención para el primer curso de Bachillerato en centros concertados, pese a no tener presupuesto ni acuerdo de investidura. La medida, incluida en el programa electoral del PP, ha generado rechazo en la comunidad educativa y la oposición política.
La orden, publicada en el Boletín Oficial de Aragón, permite a los centros concertados solicitar su concertación en 10 días y recibir una respuesta en mayo. El Gobierno aragonés destinará 2,7 millones de euros para el primer trimestre del curso 2026-27, con la previsión de concertar hasta 65 aulas en un máximo de 23 centros. Los alumnos pagarían una cuota mensual de entre 18 y 36 euros.
Detalles de la subvención y rechazo de la comunidad educativa
La medida forma parte del programa electoral del PP en Aragón, anunciado en octubre por la consejera de Educación, Tomasa Hernández. Sin embargo, el Gobierno en funciones no cuenta con presupuestos aprobados ni ha formado un nuevo Ejecutivo tras los comicios. La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, Eva Sáez, afirma que "no se puede impulsar una medida como esta estando en funciones".
La ley del propio Gobierno de Aragón establece que "el Gobierno en funciones no podrá aprobar o autorizar convenios con entidades públicas o privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la Hacienda de la Comunidad Autónoma". La consejera de Educación ha justificado el cambio de postura alegando que "todos los años hay una modificación presupuestaria que ampara económicamente a la enseñanza concertada".
Oposición política y sindicatos en contra
La oposición política, incluyendo el PSOE y Izquierda Unida, ha rechazado la medida, considerándola un desprecio hacia la enseñanza pública y una forma de segregación. Los sindicatos CC OO, CGT y STEA también se oponen, argumentando que la medida es innecesaria e ideológica, y supone un despilfarro de dinero público.
La portavoz de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la enseñanza pública, Nieves Burón, ha anunciado movilizaciones en contra de la medida, argumentando que "hay una oferta suficiente de plazas escolares en la red pública". El sindicato STEA ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para paralizar la concertación.
Gobierno insiste en la legalidad de la medida
La vicepresidenta Mar Vaquero ha asegurado que el procedimiento cuenta con todas las medidas legales y que "paralizar esto ahora no es posible". El Gobierno insiste en que la medida forma parte del programa electoral del PP y que "si no, el calendario corre".
La Marea Verde ha anunciado que recuperará las pancartas para salir a la calle en contra de la medida. Mientras tanto, el Gobierno asegura que la subvención es una cuestión de justicia social y que busca ampliar la oferta educativa en Aragón.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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