La negociación que puede cambiar el futuro de 200.000 docentes
Este miércoles arranca una negociación que afecta al futuro laboral de unos 200.000 profesionales de la escuela concertada. Sindicatos y patronal se sientan para discutir el VIII convenio colectivo con un objetivo casi imposible según los precedentes: que los docentes de centros privados subvencionados tengan las mismas condiciones que sus compañeros de la escuela pública.
La demanda es simple pero contundente: "mismo trabajo, mismas condiciones", resume José Antonio Rodríguez, secretario de Enseñanza privada de CCOO. La ley, subrayan los sindicatos, lo marca desde hace casi dos décadas.
Las diferencias que se agrandan cada año
Pero la realidad es otra. A pesar de la normativa, la brecha entre unos y otros se está ampliando, aseguran las organizaciones de representación del profesorado. "Más que homologarnos, nos deshomologamos un poco más cada año", sostiene Enrique Ríos, secretario general del sindicato FSIE.
Los profesores y maestros de la escuela privada sostenida con fondos públicos cobran menos que los funcionarios. Pero lo que más duele es que tienen más horas de clase semanales y, habitualmente, más estudiantes en el aula. "Si hacemos el mismo trabajo, y se nos considera parte de la red pública, deberíamos tener las mismas condiciones", lamenta Luis, docente en un centro concertado que prefiere no identificarse.
Cuatro campos de batalla
Las organizaciones sindicales han identificado cuatro áreas de conflicto: horas lectivas, ratios de alumnos, salarios y clasificación profesional de algunos trabajadores. Estos serán los puntos sobre los que negociar en las próximas semanas.
La patronal, representada principalmente por Escuelas Católicas —que gestiona el 70% de la escuela concertada—, comparte sobre el papel estas reivindicaciones. Pero su prioridad es distinta: exigen al Gobierno que abra la comisión que debe estudiar el coste real de una plaza en la escuela concertada para adecuar el módulo, la cantidad que el Ejecutivo paga a los centros por integrarse en la red pública. El Ministerio de Educación no ha dado señales de que esta sea una de sus prioridades.
La diferencia que no es diferencia
Una de las justificaciones históricas para pagar menos a los docentes de la concertada es que acceden mediante oposición, mientras que los de la pública son funcionarios. Pero esta distinción es cada vez más débil.
Con presentarse a la oposición es suficiente para entrar en la bolsa de interinos y trabajar en un centro público, aunque se suspenda la prueba. En algunas disciplinas técnicas, ni siquiera es necesario. La falta de profesionales está llevando a las comunidades autónomas a abrir la mano y obviar ciertos requisitos que marca la ley para ejercer la docencia en materias donde no hay docentes disponibles.
Ríos lo explica desde otra perspectiva: "La diferencia es que unos acceden mediante un concurso oposición y nosotros nos examinamos todos los años", porque su trabajo depende de la entidad titular del centro. Ella contrata y despide discrecionalmente, aunque sea el Gobierno el que fije y pague las nóminas.
Una ley que promete desde 2006
La ley recoge, al menos desde 2006, la voluntad de igualar condiciones. El artículo 117 de la norma, introducido en la LOE e incluido en sus diversas actualizaciones hasta la actual Lomloe, estipula que "las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente posibilitarán la equiparación gradual de su remuneración con la del profesorado público".
El salario base sí se ha ido acercando en los últimos años, conceden las organizaciones sindicales. Pero el problema persiste en otros aspectos: las horas de clase, el número de alumnos por aula y la estabilidad laboral siguen siendo desiguales.
Qué viene ahora
La negociación de este convenio será larga y complicada. Los sindicatos llegan con demandas concretas y respaldadas por ley. La patronal, con la necesidad de financiación estatal. Y el Gobierno, de momento, sin mostrar prisa alguna por resolver una cuestión que afecta a decenas de miles de familias y profesionales.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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