Resumen de la decisión
La Fiscalía de Donostia, a través de la fiscal Lorena Arocena, ha solicitado el sobreseimiento del último expediente penal que investigaba los accesos al chalet de Xabi Alonso en Igeldo. La petición, presentada el 26 de marzo, sostiene que no se ha probado delito alguno.
Detalles del pedido y fundamentos legales
El único investigado que quedaba en el sumario es el arquitecto municipal Haritz Orruño. La Fiscalía argumenta que Orruño no incurrió en un "apartamiento consciente" de la normativa urbanística, requisito indispensable para la prevaricación, que exige dolo.
El escrito de la Fiscalía indica que la conducta del arquitecto se ajustó a la normativa vigente y que no existió ninguna resolución "grosera" que justificara la acusación. Por ello, considera que el caso debe archivarse sin más dilación.
El pedido se dirigió al juez sustituto Javier Díez Yebra, responsable de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Donostia. Hasta la fecha, el magistrado no ha emitido resolución.
Próximos pasos y posibles consecuencias
El juez deberá pronunciarse en los próximos días. Si decide el archivo, el caso quedará cerrado y la polémica sobre la legalidad del chalet pasará al plano administrativo, donde sigue abierto el proceso contencioso‑administrativo contra la sociedad Tavaro XXI.
En caso de que el magistrado no dicte resolución, el expediente quedará archivado por silencio administrativo, consolidando la posición de la Fiscalía.
El cierre penal no afecta a las investigaciones civiles y a los recursos pendientes en la vía administrativa, que podrían derivar en sanciones o en la orden de demolición del inmueble.
"El derecho penal es el último recurso", repite la defensa de Orruño, subrayando que la cuestión debe resolverse en el ámbito urbanístico.
Esta decisión llega en un momento en que la justicia vasca afronta varios procesos de alto perfil, como la reciente Fiscalía de Menores pide libertad vigilada para agresor de 14 años en Sant Joan de Vilatorrada y la sentencia del Supremo que reduce a 13 años y medio las penas por violación grupal en Pulpí, que ilustran la carga de trabajo del sistema judicial.
El archivo del expediente penal podría cerrar una larga fase de litigio penal, pero la controversia sobre la autorización de los accesos al chalet seguirá alimentando el debate público sobre la gestión urbanística en Donostia.
Temas relacionados
Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
¿Te ha gustado este artículo?
Suscríbete a nuestro boletín y recibe las mejores noticias en tu correo cada día.
