Corrupción política
Los días 9 y 10 de abril los testigos Jessica Rodríguez, Claudia Montes y la familia Pano (madre e hija) comparecieron ante el Tribunal Supremo. La acusación señala que recibieron 90.000 € en bolsas de plástico destinadas a la empresa Ferraz, bajo la apariencia de suministros para la pandemia.
Los fiscales describen un esquema de sobreprecios en la compra de mascarillas para la administración pública. La comparecencia es la primera del caso, que hasta ahora se había investigado en la Audiencia Nacional, y ahora se juzga exclusivamente el supuesto fraude en la adquisición de los equipos de protección.
Detalles de la trama
Según la investigación, fondos públicos fueron canalizados a empresas vinculadas a los acusados para obtener beneficios privados. Uno de los contratos sospechosos corresponde a Servinabar, una compañía de Navarra que facturó suministros sin la licitación obligatoria.
Otro punto crítico es el rescate de la aerolínea Plus Ultra, cuyo proceso fue gestionado por la SEPI sin la correspondiente rendición de cuentas al Parlamento. La Audiencia Nacional ha abierto una causa por presunto lavado de dinero que vincula a la aerolínea con la familia Pano y con el empresario Aldama.
Los investigadores también están analizando la relación entre el rescate de y el supuesto encubrimiento de pagos a la familia Pano. En ese contexto, se menciona la participación de la empresa en la compra de material sanitario y la posible desviación de recursos hacia proyectos privados, como una universidad de máster y obras públicas.
