Aprobación de la normativa
El 30 de mayo de 2024 la Unión Europea adoptó, en sesión del Consejo, una normativa que autoriza la creación de centros de retorno en países terceros. La decisión se tomó con el respaldo de la mayoría de los Estados miembros y se basa en el modelo de deportación impulsado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni. La norma busca acelerar los procesos de expulsión de personas que no cuentan con derecho legal a permanecer en la UE.
Según la Presidencia chipriota del Consejo, la medida "acelerará el proceso de retorno y aumentará las devoluciones de personas que no tienen el derecho legal a permanecer en la UE". El texto fue negociado durante varias rondas y contiene disposiciones para que los Estados puedan establecer tanto centros de tránsito como destinos finales fuera del territorio europeo.
En la votación, España se mostró como el único país que expresó una oposición clara. El Gobierno de Pedro Sánchez calificó la iniciativa como contraria a los principios de protección de los derechos humanos y anunció que defenderá su posición en la fase parlamentaria que sigue al acuerdo del Consejo.
Detalles de la medida y posición de España
La normativa permite a los Estados miembros crear "centros seguros" en terceros países para personas que carecen de autorización de residencia. Estos centros pueden funcionar como puntos de tránsito, facilitando la devolución a los países de origen, o como destinos finales cuando la repatriación directa resulte inviable. La legislación también establece criterios de seguridad y supervisión para garantizar que los centros cumplan con estándares internacionales.
"La nueva normativa acelerará el proceso de retorno y aumentará las devoluciones de personas que no tienen el derecho legal a permanecer en la UE", afirmó Nicholas Ioannide, viceministro de Migración de Chipre, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo en ese momento. Ioannide sostuvo que la medida responderá a la presión migratoria que afecta a varios Estados miembros.
El Gobierno español, por su parte, ha reiterado su rechazo y ha anunciado que presentará enmiendas durante el debate parlamentario. Pedro Sánchez ha señalado que la política migratoria europea debe centrarse en la protección de los solicitantes de asilo y en la cooperación con los países de origen, no en la externalización de los retornos.
Próximos pasos y posibles repercusiones
El siguiente paso del proceso legislativo es que el Parlamento Europeo vuelva a votar el texto, incorporando las enmiendas surgidas en las últimas negociaciones. Tras la aprobación parlamentaria, el Consejo tomará la decisión final que determinará la entrada en vigor de la normativa.
Si la medida se consuma, se espera una mayor capacidad de la UE para gestionar los flujos migratorios fuera de sus fronteras, lo que podría reducir la presión sobre los sistemas de asilo internos. Sin embargo, la oposición española podría dificultar la aplicación uniforme y generar tensiones entre los Estados miembros, especialmente en lo relativo a la coordinación de políticas de retorno.
En cualquier caso, la aprobación de esta normativa marca un punto de inflexión en la política migratoria europea. Los ciudadanos españoles y europeos deberán seguir de cerca cómo evoluciona el debate parlamentario y qué impacto tendrá en la gestión de la migración irregular y en los derechos de los migrantes.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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