Una familia de Zamora descubrió el pasado viernes por la noche el cadáver de su madre sobre la acera de su edificio, envuelto en una lámina de plástico. La entrega del cuerpo había sido gestionada por la funeraria que la familia había contratado para los trámites funerarios. La escena provocó una fuerte indignación y obligó a la Policía Nacional y al Instituto de Medicina Legal a intervenir de inmediato.
Detalles del episodio y la intervención de autoridades
Los hijos de la fallecida intentaron contactar a la empresa funeraria para confirmar la recogida del cuerpo. La operadora que atendió la llamada, recién incorporada, los remitió a otro agente que, tras varias preguntas, les preguntó «¿estás segura de que está muerta?». La familia explicó la situación, pero la empresa alegó no encontrar registro del contrato en sus archivos locales y remitió la consulta a la oficina central de Madrid.
Desde Madrid se confirmó que no constaba ningún servicio activo para la difunta, aunque se admitió la posibilidad de que el contrato fuera antiguo y estuviera archivado en la delegación de Zamora. Ante la falta de respuesta, la familia volvió a llamar a la sede local, que tampoco halló documentación alguna. Ante la ausencia de pruebas, la familia solicitó la ayuda de la y de un cerrajero para acceder al domicilio y constatar el fallecimiento.
El protocolo forense se activó de inmediato: el Instituto de Medicina Legal envió a sus técnicos para levantar el cadáver y realizar la inspección preliminar. Mientras tanto, la funeraria de guardia acudió al lugar, constató la existencia de un contrato con la empresa original y exigió que esta última se hiciera cargo del cuerpo.
La empresa inicial se negó a retirar el cadáver hasta que la autoridad policial le obligó a hacerlo. Los empleados llegaron en una furgoneta, subieron al piso y, bajo la mirada atónita de los familiares, colocaron el cuerpo en una bolsa de plástico y lo dejaron sobre la acera, como si fuera un simple paquete. En plena calle, el trabajador explicó a gritos los trámites que quedaban pendientes, mientras los hijos pedían que bajara el tono y que introdujera el cuerpo en la furgoneta.
Ante la situación, la Policía y los forenses mantuvieron la presencia en el domicilio y, tras varias horas de gestiones, lograron trasladar el cuerpo al Instituto de Medicina Legal para la autopsia correspondiente. La familia presentó una denuncia formal contra la funeraria por mala praxis y falta de cumplimiento contractual.
Repercusiones y posibles consecuencias
El caso ha generado una ola de críticas en la comunidad de Zamora, donde vecinos y asociaciones de consumidores exigen una investigación exhaustiva y sanciones para la empresa responsable. La Dirección General de Protección al Consumidor ha anunciado que abrirá un expediente para determinar si la empresa incurrió en infracciones legales que justifiquen multas o la revocación de su licencia.
Los familiares, aún consternados, han declarado que «nadie debería vivir una experiencia tan humillante en el momento más doloroso de su vida». La denuncia también incluye la exigencia de que se revise el registro de contratos funerarios en la provincia para evitar que situaciones similares se repitan.
Mientras tanto, la funeraria ha emitido un comunicado en el que asegura que revisará sus procedimientos internos y que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos. No obstante, la familia mantiene su postura de que la empresa debe responder legalmente por el daño moral causado.
Este episodio pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia y control en el sector funerario, así como la importancia de que los usuarios verifiquen la existencia y vigencia de los contratos antes de la pérdida de un ser querido.