Bachillerato en Aragón: Gobierno en funciones aprueba orden polémica

Orden para concertar el Bachillerato en Aragón: la decisión del Gobierno en funciones

El Gobierno de Aragón en funciones aprobó el pasado viernes una orden que permite ampliar los conciertos educativos al 1.º de Bachillerato. La medida afecta a todos los centros concertados de la comunidad y supone la primera ampliación de este tipo en cuatro décadas.

La decisión se tomó en una sesión del Departamento de Educación sin que haya pasado por el pleno de las Cortes. La profesora Eva Sáenz, catedrática de Derecho Constitucional, la califica de ilegal por exceder las competencias de un Ejecutivo en funciones.

Argumentos jurídicos a favor y en contra de la legalidad de la orden

Sáenz sostiene que la orden implica un compromiso presupuestario que un gobierno en funciones no puede asumir. "Un Gobierno en funciones debe limitarse a gestión ordinaria; ampliar un concierto es una innovación política de calado", afirma la experta.

En su defensa, el catedrático José María Gimeno Feliu, de Derecho Administrativo, argumenta que la orden no contiene una imputación presupuestaria explícita. "Formalmente se trata de gestión ordinaria, ya que no se especifican cuantías ni se crean obligaciones financieras directas", explica.

Gimeno reconoce que la medida habría sido más adecuada fuera del periodo interino, pero insiste en que la ausencia de una cifra concreta la sitúa dentro de la normativa vigente. Ambos coinciden en que la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón prohíbe a un gobierno en funciones aprobar actos con impacto económico significativo, según el artículo 21 d).

El artículo 21 d) prohíbe aprobar convenios que supongan obligaciones para la Hacienda autonómica, salvo urgencia extraordinaria. Además, el apartado h) impide autorizar contratos cuyo valor supere los tres millones de euros. Sáenz argumenta que la ampliación de conciertos supera esos límites, mientras que Gimeno señala que la orden no menciona importes.

Posibles consecuencias y próximos pasos judiciales

Organizaciones defensoras de la escuela pública ya han anunciado la presentación de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Esperan que la justicia declare la nulidad de la orden y obligue al nuevo gobierno a respetar la prohibición legal.

Si la orden se anula, los colegios que ya hayan presentado solicitudes bajo la nueva normativa podrían quedar sin respuesta, generando incertidumbre para cientos de alumnos. Sáenz advierte que, en caso de que el próximo gobierno sea del PSOE, tendría que responder económicamente por los compromisos asumidos.

El secretario autonómico de Escuelas Católicas, Nacho Casajús, asegura que la vida escolar no puede detenerse por la coyuntura política. "En estos meses han salido órdenes y convocatorias semana tras semana; la medida debe medirse con la misma vara", declara.

El debate se inserta en un contexto electoral reciente, donde las elecciones autonómicas de Aragón costaron 12 millones de euros, una cifra que ha puesto la presión sobre la gestión del presupuesto (Elecciones autonómicas de Aragón costaron 12 millones de euros, tres veces más que en 2023).

Asimismo, la polémica recuerda otras tensiones entre la administración regional y la normativa autonómica, como el caso de los murales de Sijena que el Gobierno de Aragón ha exigido devolver tras una sentencia del Supremo (Aragón exige la devolución de los murales de Sijena tras sentencia del Supremo).

En última instancia, la resolución judicial marcará un precedente sobre los límites de la actuación de un gobierno en funciones. La decisión influirá en futuros actos administrativos y en la confianza de los centros educativos en la estabilidad normativa.

Conclusión: la orden para concertar el Bachillerato ha generado una disputa jurídica que pronto será resuelta por los tribunales. Mientras tanto, colegios, familias y partidos políticos vigilan de cerca cada paso, conscientes de que la sentencia podría redefinir el alcance de la gestión interina en Aragón.