Orden para concertar el Bachillerato en Aragón: la decisión del Gobierno en funciones
El Gobierno de Aragón en funciones aprobó el pasado viernes una orden que permite ampliar los conciertos educativos al 1.º de Bachillerato. La medida afecta a todos los centros concertados de la comunidad y supone la primera ampliación de este tipo en cuatro décadas.
La decisión se tomó en una sesión del Departamento de Educación sin que haya pasado por el pleno de las Cortes. La profesora Eva Sáenz, catedrática de Derecho Constitucional, la califica de ilegal por exceder las competencias de un Ejecutivo en funciones.
Argumentos jurídicos a favor y en contra de la legalidad de la orden
Sáenz sostiene que la orden implica un compromiso presupuestario que un gobierno en funciones no puede asumir. "Un Gobierno en funciones debe limitarse a gestión ordinaria; ampliar un concierto es una innovación política de calado", afirma la experta.
En su defensa, el catedrático José María Gimeno Feliu, de Derecho Administrativo, argumenta que la orden no contiene una imputación presupuestaria explícita. "Formalmente se trata de gestión ordinaria, ya que no se especifican cuantías ni se crean obligaciones financieras directas", explica.
Gimeno reconoce que la medida habría sido más adecuada fuera del periodo interino, pero insiste en que la ausencia de una cifra concreta la sitúa dentro de la normativa vigente. Ambos coinciden en que la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón prohíbe a un gobierno en funciones aprobar actos con impacto económico significativo, según el artículo .
