Detención y resumen de la operación
El pasado viernes la Guardia Civil de la Región de Murcia, junto a la Inspección Provincial de Trabajo, arrestó al propietario de una empresa ganadera y a su encargado en Lorca y Puerto Lumbreras. La medida se tomó después de que se constatara la contratación sin contrato de ocho ciudadanos extranjeros.
Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y se les investiga por presunto delito contra los derechos de los trabajadores. La operación, denominada 'Caprines', forma parte de los protocolos contra la trata y la explotación laboral.
La detención se produjo a las 10:30 h del viernes, tras una orden de registro emitida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia.
Detalles de la operación 'Caprines' y condiciones de los trabajadores
La investigación se activó cuando dos trabajadores extracomunitarios denunciaron a la Guardia Civil que laboraban sin contrato en una granja caprina de Lorca. Los denunciantes también informaron que estaban alojados en caravanas dentro de la finca, en condiciones de higiene deficientes.
Los agentes realizaron inspecciones simultáneas en ambas fincas, en Lorca y en Puerto Lumbreras, gracias a la coordinación con la Inspección de Trabajo. En la segunda finca se identificaron otros seis migrantes en situación irregular; uno de ellos tenía una orden de expulsión vigente.
El encargado, de la misma nacionalidad que los trabajadores, se encargaba de su captación y de su distribución diaria entre las dos explotaciones. Los ocho trabajadores fueron atendidos por los servicios sociales y se les informó de sus derechos como víctimas de delito.
Los informes médicos indicaron problemas respiratorios y falta de agua potable en las caravanas, lo que agrava la vulnerabilidad de los afectados.
El caso se produce en un contexto de creciente debate sobre la regularización de inmigrantes, que el PP denuncia como una barbaridad. El Consejo de Estado ha cuestionado la regularización masiva.
Posibles consecuencias judiciales y derechos de los afectados
La Fiscalía ha abierto una investigación por delito contra los derechos de los trabajadores. Si se acredita la existencia de un pacto de explotación, los imputados podrían enfrentar penas de prisión, multas y la posible inhabilitación para ejercer actividades empresariales.
Los ocho migrantes fueron informados de la asistencia jurídica gratuita y de la posibilidad de solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. La autoridad laboral también les ha entregado un certificado que acredita su condición de víctimas.
El caso pone de relieve la vulnerabilidad de los trabajadores sin papeles y la necesidad de reforzar los controles en el sector agropecuario. Las autoridades han señalado que continuará la vigilancia para evitar nuevas situaciones de trabajo clandestino.
La Guardia Civil ha anunciado que intensificará las inspecciones en la región, con planes de revisar al menos diez explotaciones ganaderas en los próximos meses.
Los sindicatos agrarios han pedido sanciones más severas y la creación de un registro obligatorio de contratos en el sector.
Mientras se espera la resolución judicial, la operación 'Caprines' sirve de alerta para otras explotaciones de la zona y refuerza el compromiso de las fuerzas de seguridad y la inspección laboral en la lucha contra la explotación de migrantes.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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