Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
El lunes, la representación legal de Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amparo que solicita la anulación de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 € por revelar secretos en la causa contra Alberto González Amador.
El recurso, que ya ha sido puesto a disposición de la prensa, se fundamenta en la consideración de que la resolución del Supremo vulneró derechos esenciales, entre ellos la libertad de expresión y la tutela judicial efectiva. «El registro en mi despacho fue desproporcionado y careció de motivación suficiente», sostiene García Ortiz en el escrito que presentó.
Argumentos y alegaciones del ex fiscal
En el escrito de amparo, el ex fiscal denuncia que la orden de registro emitida por el juez Ángel Hurtado no solo fue excesiva, sino que también careció de la justificación legal requerida por la Constitución. Señala que la medida se tomó sin que existiera una sospecha fundada de delito distinto al que ya se estaba investigando, lo que constituye una invasión injustificada a la independencia del Ministerio Fiscal.
El recurso también invoca la libertad de expresión, argumentando que la divulgación de ciertos datos formaba parte de una actuación profesional destinada a esclarecer hechos de presunto fraude fiscal. Según García Ortiz, la sanción no solo castiga una conducta que él considera legítima, sino que también envía un mensaje intimidatorio a los fiscales que deben ejercer su función con autonomía.





