El instructor judicial ha emitido un nuevo auto que formaliza la imputación contra Begoña Gómez, asistente de la Presidencia, y un empresario vinculado a la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Los cargos son tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y corrupción privada. La resolución se produce tras dos años de instrucción y abre la puerta a un proceso judicial que podría concluir en juicio.
Caso Begoña Gómez
En la conclusión de la investigación, el juez ha señalado que existen indicios suficientes para atribuir a Gómez y al empresario los cuatro delitos mencionados. La acusación se basa en la supuesta utilización de la influencia de la esposa del presidente para favorecer la adjudicación de la cátedra. La medida judicial se enmarca dentro del procedimiento de instrucción que, según el propio juzgador, persigue esclarecer cualquier posible beneficio económico o institucional derivado de la relación entre la asistente y la universidad. La decisión ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y está disponible para su revisión pública.
Caso Begoña Gómez
A pesar de la gravedad de los cargos, el instructor no ha encontrado pruebas materiales que demuestren tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida o corrupción privada. La Audiencia Provincial había instado en varias ocasiones al instructor a cesar la pesquisa por falta de indicios, pero el magistrado continuó la instrucción sin lograr resultados concluyentes. La acusación se sustenta principalmente en sospechas de favores derivados del vínculo con la esposa del presidente, sin que se haya identificado un beneficio económico concreto ni se haya documentado una maniobra de influencia directa sobre la universidad.
