Consejo de Estado detecta laguna presupuestaria en la regularización extraordinaria
El Consejo de Estado ha emitido su dictamen sobre el proyecto de regularización extraordinaria de migrantes, aprobando la iniciativa pero advirtiendo que la memoria económica solo indica que el coste "está siendo objeto de estudio". La ausencia de datos concretos sobre el impacto presupuestario constituye, según el órgano consultivo, una "laguna llamativa" que dificulta la valoración del gasto público.
Detalles de la laguna y problemas estructurales del proyecto
En el informe, el Consejo critica que la memoria económica no cuantifique el gasto, limitándose a una frase genérica. "Resulta sorprendente que, en relación con el específico impacto presupuestario, sólo señale que está siendo objeto de estudio", escribe el dictamen. Esta falta de precisión se suma a la carga administrativa que la medida implicará: se prevé un proceso "complejo y masivo" de presentación, tramitación y resolución de solicitudes.
El órgano advierte que el diseño de los procedimientos debe adaptarse a ese desafío y que varios aspectos "requieren ser repensados y revisados". Entre los puntos críticos, destaca la cláusula que condiciona la solicitud de arraigo a la paralización de la tramitación de la protección internacional en curso. El Consejo la rechaza por generar "inseguridad" a los solicitantes y la califica de esencial su supresión.
En materia de antecedentes penales, el proyecto permite el uso de declaraciones responsables en lugar de documentación oficial. El Consejo lo califica como una técnica "inadecuada" para un proceso masivo, pues "relaja injustificadamente la diligencia" que debería exigirse y abre la puerta a prácticas poco rigurosas. Exige que quede claro que los solicitantes deben aportar el certificado o documento equivalente y que, de no hacerlo, el procedimiento quedará en suspenso.
El dictamen también señala la necesidad de definir criterios claros para acreditar la vulnerabilidad de los extranjeros, aspecto esencial para la aplicación de la norma. Además, critica la construcción jurídica del texto, señalando "desorden y falta de sistemática" y recomendando reordenar la normativa para mejorar su coherencia dentro del Reglamento de Extranjería.
Otro punto señalado es la ausencia de informe de la Agencia Española de Protección de Datos, pese al impacto significativo sobre el tratamiento de datos personales. Asimismo, el Consejo duda de la idoneidad de la empresa Tragsa para colaborar en las tareas administrativas, indicando que sus funciones deben limitarse a la gestión documental y no a decisiones de fondo.
Posibles repercusiones y próximos pasos del dictamen
El Consejo de Estado exige la supresión de la cláusula que paralizaría la protección internacional y pide que se clarifiquen los requisitos de vulnerabilidad y la documentación exigida para antecedentes penales. Estas observaciones obligarán al Gobierno a revisar el texto antes de su aprobación final.
De no atenderse, la medida podría retrasarse en el proceso legislativo o requerir una nueva fase de negociación con el Ejecutivo. La falta de claridad presupuestaria también podría dificultar la asignación de recursos y la planificación de la administración pública.
El proyecto de regularización, que se espera que beneficie a medio millón de personas, ya ha generado expectativas entre los migrantes y organizaciones sociales. La aprobación del Consejo de Estado, aunque con reservas, mantiene viva la iniciativa, pero el Gobierno deberá responder a las objeciones para evitar retrasos que perjudiquen a los solicitantes.
