Investigación anticorrupción a María José Catalá
La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias el 12 de abril contra María José Catalá, alcaldesa de València, y varios responsables municipales y portuarios, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Detalles de la denuncia y presuntos delitos
El grupo municipal Compromís presentó la denuncia señalando que la alcaldesa habría coordinado procesos de selección para reubicar a empleados del Consorcio Valencia 2007, en liquidación desde 2024, en el Ayuntamiento, fundaciones municipales y la Autoridad Portuaria. La acusación indica que se vulneraron los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.
Según la denuncia, los procesos se lanzaron casi simultáneamente, con convocatorias diseñadas para beneficiar a ex‑trabajadores del consorcio. Algunas plazas habrían sido adjudicadas de antemano, según los denunciantes. Un informe de la Intervención General del Estado detectó irregularidades en la tramitación y en la justificación de los criterios de selección.
Marco legal y contexto institucional
En la legislación española, la prevaricación implica dictar una resolución arbitraria en contra de la normativa, mientras que el tráfico de influencias consiste en utilizar la posición pública para favorecer a terceros. Ambos delitos se consideran graves porque atentan contra la transparencia y la igualdad de oportunidades en la función pública.
