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El Gobierno de España ha aprobado, este 15 de abril de 2026, un real decreto que autoriza la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 migrantes que demuestren ausencia de antecedentes penales tanto en España como en su país de origen o de residencia reciente. La medida entra en vigor el próximo lunes y se aplicará a quienes presenten la documentación requerida antes del 30 de junio.
Los solicitantes deberán acreditar que no poseen condenas penales mediante el certificado de carencia de antecedentes, documento que debe estar legalizado y apostillado. La normativa elimina la posibilidad de que la burocracia impida la regularización, garantizando que el proceso sea exclusivamente administrativo una vez cumplidos los requisitos.
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El certificado de ausencia de antecedentes penales es condición indispensable para la regularización. En la práctica, su obtención puede alargarse varios meses, y en algunos casos, como en Cuba, Nigeria y Mali, los documentos tardan tanto que nunca llegan.
Para paliar esta dificultad, la norma crea una vía extraordinaria: el solicitante podrá presentar un certificado de solicitud del documento y una declaración responsable, y el Gobierno intervendrá a través del Ministerio de Justicia y el de Exteriores. Esta intervención diplomática otorga un plazo adicional de para que las autoridades extranjeras emitan el certificado, sin que la solicitud quede desierta.
