El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Pontevedra ha emitido un auto que obliga al ayuntamiento de Oia a demoler el Talaso Atlántico en el plazo de dos meses. La decisión se basa en la ilegalidad de la licencia concedida en el año 2000 y pone en jaque la capacidad financiera del municipio gallego.
Demolición obligatoria del Talaso Atlántico en Oia
La orden judicial exige la demolición total del complejo hotel‑balneario, que cuenta con 70 habitaciones y ocupa 25 000 m² de suelo protegido en el cabo Silleiro. El auto, firmado el 12 de abril de 2026, establece que la autoridad municipal debe iniciar los trabajos de derribo antes del 30 de junio, bajo apercibimiento de multa diaria.
Motivos y consecuencias económicas del conflicto
La licencia que permitió la construcción del Talaso fue otorgada en 2000 por el entonces alcalde del PP, Álvaro Miniño, sin informe jurídico y con la posterior defensa del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La falta de legalidad quedó confirmada por una sentencia de 2009 y por una orden de derribo en 2012 que nunca se ejecutó.
El ayuntamiento, dirigido por la alcaldesa Cristina Correa, dispone de un presupuesto de 2 millones €. La demolición, sumada a una posible indemnización a la empresa propietaria por la licencia, podría superar esa cifra y llevar al consistorio a la quiebra. "Nos llevaría a la ruina", advierte Correa en la sesión municipal.
