Rescate de Duro Felguera condicionado a la venta de Epicom

Rescate de Duro Felguera y venta de Epicom

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) condicionó el rescate de 120 millones euros a la venta de Epicom, filial de ciberseguridad de Duro Felguera. La operación se cerró en marzo 2021 y el dinero del rescate sigue sin ser devuelto, generando dudas sobre su uso.

Epicom era considerada estratégica para la seguridad nacional, por lo que el Gobierno presionó a la metalúrgica asturiana para que cediera la compañía al precio que fijó la Sepi. Duro Felguera aceptó la venta para desbloquear el apoyo financiero necesario y evitar la quiebra.

Reunión clave entre Lora, Fernández y Orihuela

El vicepresidente de la Sepi, Bartolomé Lora, convocó una reunión con el ex presidente destituido Vicente Fernández y el CEO de Duro Felguera, José María Orihuela. En esa junta se pactó el intercambio de la filial por el rescate, y Lora subrayó la necesidad de la experiencia de Fernández.

Lora explicó que la presencia de Fernández era indispensable por su experiencia en la Sepi, aunque el propio Fernández llevaba más de un año sin ejercer funciones oficiales. «Tuvimos una reunión porque había una operación previa al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas», señaló Lora ante el Senado.

Orihuela salió de la reunión convencido de que Fernández seguía ejerciendo influencia en la Sepi, y transmitió esa percepción al consejo de administración. El consejo, inicialmente reacio, aceptó la venta pese a la resistencia, pues necesitaba el rescate para garantizar la continuidad de la empresa.

Investigación y posibles consecuencias

La Universidad de Córdoba (UCO) ha abierto una investigación sobre Vicente Fernández por presuntas comisiones ilegales vinculadas a la operación. La pesquisa también contempla la posible implicación de la ex empleada pública Leire Díez, que habría colaborado en gestiones paralelas.

Si se confirman los indicios, la Sepi y los implicados podrían enfrentarse a sanciones económicas y a la obligación de devolver el rescate. La polémica se suma a otras investigaciones de fondos públicos, como la que ha sacudido a la gestión de ADIF Isabel Pardo de Vera defiende la gestión de ADIF en la compra de 5 millones de mascarillas.

Para los contribuyentes, el caso plantea dudas sobre la transparencia de los rescates estatales y la necesidad de reforzar los controles en la asignación de recursos estratégicos. La atención pública seguirá centrada en los posibles fallos de gestión y en las decisiones judiciales que puedan derivarse.