Begoña Gómez: el juez Peinado cierra la investigación penal

Cierre de la investigación contra Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la investigación penal contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. La causa, iniciada en 2023, incluía los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida. La denuncia que dio origen al proceso se basó en recortes de prensa, algunos de los cuales resultaron falsos. Tras varios incidentes procesales, el magistrado consideró que no había elementos suficientes para seguir adelante y dictó el archivo definitivo.

Defensa y riesgo de nulidad

Los abogados de la acusada han alertado de un riesgo de nulidad porque, en el mismo escrito que solicita el cierre, se piden nuevas diligencias. "Solicitar nuevas diligencias en el mismo escrito podría anular la resolución", advierten los defensores. Juristas independientes coinciden en que la medida podría vulnerar el principio de cosa juzgada y abrir la puerta a recursos de anulación.

Repercusiones políticas

El cierre se produce en un clima de tensión política. La visita reciente del presidente a China, donde se firmaron varios acuerdos tecnológicos, ha sido objeto de debate Pedro Sánchez en China: visita a Tsinghua y reunión con Lei Jun impulsa la cooperación tecnológica. Por su parte, el Partido Popular ha utilizado el caso para lanzar acusaciones de encubrimiento, recordando su denuncia sobre la regularización masiva de inmigrantes como posible tapadera de corrupción PP acusa a Sánchez de usar la regularización masiva de inmigrantes para encubrir su corrupción.

Qué sigue

Si la defensa persiste en su solicitud, el tribunal podría reabrir el expediente o, en su caso, confirmar la nulidad del cierre. La decisión tendrá repercusión en la percepción pública de la independencia judicial y en la estabilidad del gobierno, que ya afronta varios escándalos simultáneos.

Conclusión

El archivo de la causa contra Begoña Gómez cierra un capítulo judicial, pero la controversia sobre la forma del cierre y la posible nulidad mantiene viva la discusión sobre la transparencia y la legalidad en la gestión del poder.