Hechos principales
Carmen, de 60 años, recibió el 12 de diciembre la petición del nuevo propietario de Guardamar para abandonar la vivienda que ocupa desde hace 11 años. Cuatro días después, el 16 de diciembre, una empresa de desokupación irrumpió en el domicilio sin orden de desahucio.
Detalles de la agresión y violaciones contractuales
El contrato firmado el 1 de junio de 2022 establece una vigencia hasta 2027 y prohíbe la venta sin aviso previo de al menos un mes. La vivienda se vendió a finales del año pasado sin notificar a la inquilina. La empresa desokupadora, sin mandato judicial, rompió la puerta, sustrajo objetos (siete móviles, gafas, documentos) y dejó la casa sin agua ni luz.
Carmen relata: "Me han dado palos, empujones, me han pegado y me han cogido de los pelos". En al menos tres ocasiones la agresión fue física; en una ocasión la puerta quedó rota y la empresa se llevó ventanas y contraventanas. Los vecinos que la acompañaron fueron también agredidos, aunque con lesiones leves.
Contexto legal del arrendamiento
El arrendamiento se pactó con renovación automática anual, con preaviso de cuatro meses por parte del arrendador y un mes por la arrendataria. La cláusula de venta obliga al propietario a avisar con al menos un mes de antelación. Ninguna de esas condiciones se cumplió; además, no existe orden de desahucio que legitime la expulsión.
