Denuncia de funcionarios sobre bloqueo de refuerzos y boicot a la regularización de migrantes en Palma
Varios empleados del área de Serveis Socials de Palma han comunicado que el gobierno municipal les prohibió añadir personal a la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC). Según su escrito, la orden vino del equipo directivo del Ayuntamiento, liderado por el PP y respaldado por Vox, y dejó la gestión de la alta demanda en manos del personal habitual.
Los funcionarios afirman que, pese a la activación de medidas de refuerzo anunciadas para ese jueves, se les indicó que "no se reforzara el servicio". "Nos pidieron reorganizar agendas pero sin añadir nuevos empleados", señaló uno de los firmantes del comunicado.
Detalles de la acusación y el contexto del proceso de regularización
La denuncia coincide con el inicio, este miércoles, del proceso de regularización aprobado por Real Decreto a nivel nacional. El decreto permite la residencia a extracomunitarios que demuestren arraigo y no tengan antecedentes penales, y requiere el certificado de vulnerabilidad social como documento esencial.
Los empleados aseguran que la OAC había previsto un refuerzo de personal para atender la avalancha de solicitudes, pero recibieron instrucciones de mantener la plantilla original. La falta de refuerzos, según ellos, dificulta la entrega del certificado y retrasa la regularización de cientos de migrantes que esperan su turno desde la madrugada.
