Rechazo de la solicitud
El 14 de abril el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, bajo la dirección de Félix Bolaños, inadmitió la reclamación de 134.281,55 € presentada por el letrado Gonzalo Boyé en nombre de Alberto Rodríguez, exdiputado de Unidas Podemos. La petición pretendía el pago de las 21 mensualidades que dejó de percibir tras perder su escaño en octubre de 2021.
Motivos legales del rechazo
El Gobierno sostiene que la sentencia de amparo dictada por el Tribunal Constitucional no produce efectos indemnizatorios. Según la resolución, el TC solo anuló la parte de la condena que imponía la inhabilitación, sin crear una obligación de restitución económica por el daño patrimonial.
Antecedentes judiciales
En 2014 el Tribunal Supremo condenó a Rodríguez por un delito de atentado contra la autoridad, tras una agresión a un agente de la Policía en una manifestación en La Laguna. La pena fue un mes y medio de prisión, sustituida por una multa de 540 €, y una inhabilitación especial que provocó la pérdida de su escaño bajo la Ley Electoral.
Argumentos del Gobierno
El Ministerio indica que la resolución del Congreso que derivó el caso al Ejecutivo no constituye un acto administrativo susceptible de responsabilidad patrimonial. Además, cita al Consejo de Estado, que advierte que no cabe volver a valorar el procedimiento que llevó a la anulación del acto parlamentario en un proceso de indemnización.
