Zarrías paga 16.000 € a Leire Díez para investigar a Villarejo y la investigación queda sin pruebas

Hechos principales

Gaspar Zarrías declaró ante el juez Arturo Zamarriego que, entre junio y septiembre de 2024, contrató a Leire Díez mediante la empresa Zaño Sociedad Consultora por un total de 16.000 €. El objetivo era investigar la supuesta participación del comisario José Manuel Villarejo en el inicio del procedimiento de los ERE. En la comparecencia, Zarrías confirmó que el informe recibido no contenía "nada que probara la intervención de Villarejo".

Detalles de la contratación y resultados

El contrato se formalizó en la consultora creada por Zarrías en octubre de 2023 y se facturó durante los meses indicados. La remuneración total, pagada directamente a Díez, se documentó en los libros de la empresa, que fue disuelta el 1 de abril de 2024. El informe entregado a la Fiscalía quedó a disposición del juzgado, pero los peritos no hallaron pruebas vinculantes entre Villarejo y la trama de los ERE.

Contexto del caso ERE

Los ERE fueron una red de prevaricación y gestión fraudulenta en Andalucía que implicó a varios altos cargos de la Junta. Zarrías fue procesado en 2020 y, tras una condena inicial, fue absuelto por el Tribunal Constitucional en 2022. Villarejo, excomisario de la Guardia Civil, ha sido señalado en diversas investigaciones de corrupción, aunque en este caso concreto no se encontró evidencia de su implicación.

Posibles consecuencias judiciales

La comparecencia de Zarrías como testigo podría influir en la investigación que pesa contra Leire Díez por tráfico de influencias y cohecho. La Fiscalía evalúa si la contratación a través de Zaño Sociedad Consultora constituye un uso indebido de recursos para financiar una investigación privada. Asimismo, la ausencia de pruebas sobre Villarejo podría limitar las acusaciones contra él en el marco de los ERE.

Qué sigue

El juez decidirá si se abre una causa contra la consultora y si la falta de evidencia afecta la acusación contra Díez. Mientras tanto, el caso sigue alimentando la polémica sobre la utilización de fondos privados para perseguir a personajes vinculados a la política andaluza.