Crítica de la defensa al juez Peinado
La defensa de Begoña Gómez, representada por el exministro del Interior Antonio Camacho, ha presentado un escrito en el que acusa al juez de instrucción Juan Carlos Peinado de acelerar la causa sin resolver los recursos interpuestos. El recurso de 25 de marzo impugna el auto que envía el expediente al tribunal del jurado, alegando falta de respuesta a los argumentos planteados.
"El juez avanza el procedimiento de forma anormalmente acelerada y no ha resuelto los recursos presentados", afirma Camacho en el escrito.
Detalles del recurso y del proceso judicial
El escrito de la defensa ataca los fundamentos del auto de 39 páginas que resume indicios de tráfico de influencias, malversación, corrupción y apropiación indebida vinculados a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense. La instrucción, iniciada en abril de 2024, lleva casi dos años y la Unidad Central Operativa (UCO) ha analizado 7 años de correos de la investigada.
El plazo para presentar conclusiones provisionales es de cinco días, según el propio auto. La defensa considera que el juez ha ignorado el recurso que cuestiona la lógica del traslado al tribunal del jurado, lo que, según ellos, vulnera el derecho a una defensa adecuada.
Reacciones institucionales
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha manifestado su confianza en que un tribunal superior revisará la resolución, mientras que la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, ha criticado duramente al gobierno por supuestamente atentar contra el Estado de derecho.
Contexto judicial y político
La causa investiga hasta cuatro delitos que, de confirmarse, podrían tener repercusiones significativas para la esfera pública y la imagen del Gobierno. La defensa califica la instrucción como "prospectiva" y "universal", argumentando que la rapidez del proceso no permite una defensa completa.
En otro caso político reciente, Ayuso presenta recurso ante el Tribunal Supremo para paralizar la regularización masiva de migrantes y el presidente Sánchez ha advertido que recurrirá leyes de Extremadura que incluyan cláusulas de prioridad nacional, mostrando la tensión judicial que atraviesa el país.
Qué puede pasar a continuación
El juez Peinado deberá responder al recurso en el plazo de cinco días. Si mantiene su decisión, la defensa podría elevar el caso a instancias superiores, lo que alargaría aún más el proceso. La resolución será observada de cerca por la opinión pública, que sigue atenta a cualquier indicio de parcialidad o irregularidad en la actuación judicial.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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