Defensa rechaza recurso de Santa Bárbara y confirma contratos de blindados a Indra‑EM&E

Próximos pasos legales y posibles repercusiones

Ante la decisión administrativa, Santa Bárbara ha anunciado que seguirá la vía contencioso‑administrativa ante los tribunales y mantiene otro recurso en el Tribunal Supremo relativo a los préstamos públicos de 3.000 millones de euros concedidos a la UTE para los dos programas. La compañía advierte que seguirá litigando para proteger sus intereses y los de la industria nacional.

El Ministerio de Defensa ha reiterado que la adjudicación se realizó con pleno respeto a la legalidad vigente y que los criterios de seguridad y autonomía estratégica son prioritarios en cualquier contratación de defensa. La resolución también subraya que la contratación directa se amparó en el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite procedimientos sin publicidad por razones de seguridad nacional.

Contexto del conflicto

El enfrentamiento surge en un año en que el Gobierno español ha destinado más de 28.000 millones de euros a proyectos de defensa, convirtiendo a Indra en la principal beneficiaria junto a Airbus y Navantia. La SEPI adquirió una participación en EM&E, reforzando la presencia estatal en la cadena productiva.

El recurso de Santa Bárbara se basa en la percepción de que la adjudicación directa a Indra‑EM&E vulnera la competencia leal y deja fuera una solución ya desarrollada por la empresa. El Ministerio, por su parte, argumenta que la falta de una plataforma propia de Indra‑EM&E no es un impedimento cuando se priorizan la seguridad y la capacidad de suministro.

Implicaciones para el sector defensa

Si el recurso contencioso‑administrativo prospera, podría obligar al Gobierno a reconsiderar la adjudicación y abrir una nueva fase de licitación, lo que retrasaría la producción de los blindados y afectaría la planificación de modernización del Ejército. Por otro lado, la confirmación de los contratos garantiza la continuidad del empleo en Gijón y la consolidación del sector defensa asturiano.

El caso también pone de relieve la tensión entre la necesidad de rapidez en la adquisición de equipos críticos y la defensa de la competencia industrial. La decisión final del Tribunal Supremo será observada de cerca por otras empresas del ramo que buscan participar en futuros programas.

Qué sigue

Santa Bárbara presentará su recurso contencioso‑administrativo en los próximos días y mantendrá la acción ante el Tribunal Supremo sobre los préstamos públicos. Mientras tanto, Indra‑EM&E iniciará la producción de los blindados en el Tallerón de Gijón, con la expectativa de entregar los primeros vehículos a finales de 2027.

Para seguir la evolución del caso y otras noticias de política, visite nuestra sección de Gobierno inadmite indemnización de 134.000 € a Alberto Rodríguez.

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