Alerta del Gobierno central

Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, declaró el 17 de abril de 2026 que el Gobierno central mantendrá una vigilancia estrecha sobre el pacto de coalición entre el PP y Vox en Extremadura. "El Gobierno va a estar muy vigilante del pacto ultra y llevará al Tribunal Constitucional todo lo que sea discriminatorio o recortes de derechos", afirmó en una entrevista.

Detalles del acuerdo y de la vigilancia judicial

El pacto de investidura, firmado el 17 de abril, contiene 74 medidas distribuidas en 61 puntos. Entre las más controvertidas están la supresión de la asistencia sanitaria a migrantes irregulares, la prohibición del burka y del nicab en espacios públicos y la eliminación del programa de lengua árabe en las escuelas. Bolaños advirtió que cualquier acción contraria a la Ley de Memoria Democrática o a la normativa estatal será llevada ante los tribunales ordinarios y, de ser necesario, ante el Tribunal Constitucional.

En paralelo, el Gobierno aprobó la creación de 500 nuevas plazas judiciales en 2026, elevando la plantilla a 6 376 magistrados. Esta ampliación refuerza la capacidad del Estado para gestionar posibles litigios contra normas autonómicas que vulneren la Constitución.

Posibles consecuencias legales