En abril de 2024 el Ejecutivo español promulgó un decreto que regulariza en masa a los inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular. La medida se adoptó sin el respaldo del Congreso, donde el Partido Popular y otras fuerzas se opusieron a la vía de decreto.
Decreto de regularización masiva de inmigrantes en España
El texto aprobado establece criterios de vulnerabilidad, arraigo y tiempo de residencia para beneficiar a más de 500.000 personas. No exige contrato de trabajo ni pasaporte vigente, sustituyendo los requisitos tradicionales por declaraciones de intención y certificados de vulnerabilidad. El Gobierno argumenta que la medida responde a la presión de la Iniciativa Legislativa Popular que reunió medio millón de firmas en el mismo mes.
Detalles del decreto y críticas principales
El PP propone una regularización individualizada, vinculada al empleo y con controles de antecedentes. Desde su posición, la medida del Gobierno premia la irregularidad y dificulta la gestión de futuros flujos migratorios. Los críticos señalan que los estimados policiales sitúan la población irregular en más de 1,2 millones, mucho por encima de los 500.000 citados por el Ejecutivo. Además, los expedientes de asilo pendientes superan los 250.000 y menos del 10 % de las órdenes de expulsión se ejecutan, según datos oficiales. La falta de filtros rigurosos y la ausencia de previsiones de impacto en sanidad, educación y vivienda generan preocupación entre los partidos de oposición y algunos expertos.
