El Gobierno de España emitió el 14 de abril de 2026 una declaración oficial sobre el juicio conocido como Kitchen, reiterando su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y anunciando operaciones de evacuación de ciudadanos españoles en Oriente Próximo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Ejecutivo afirmó que el Estado no tolerará irregularidades en la gestión de fondos reservados y que la igualdad de género seguirá siendo una prioridad en todas las actuaciones judiciales. "Nuestro deber es garantizar la justicia y la equidad, sin importar el origen del caso", señaló el vocero. La declaración se produce en medio de una creciente presión internacional para que España demuestre transparencia en sus procesos de seguridad.
El proceso judicial investiga la utilización de 2,2 millones de euros de fondos reservados del Ministerio del Interior entre 2013 y 2015, destinados supuestamente a operaciones de vigilancia política. Los recursos fueron canalizados a través de una sociedad pantalla que, según el Tribunal de Cuentas, sirvió para financiar escuchas ilegales y la destrucción de pruebas. La Fiscalía ha pedido que se mantenga la reserva de los fondos hasta que concluya el juicio.
