Regularización extraordinaria de inmigrantes: colas y polémica en Zaragoza

En Zaragoza la atención se concentró en un único punto del ayuntamiento, lo que provocó largas filas que la alcaldesa Natalia Chueca calificó de "caos".

Chueca responsabilizó al Gobierno central por la falta de información y al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, por no avisar a la municipalidad con antelación.

Posibles consecuencias y próximos pasos

Ante la presión ciudadana, la alcaldesa ha presentado una queja ante el Tribunal de Justicia exigiendo que la emisión de certificados se delegue a las juntas de distrito para evitar nuevas aglomeraciones.

El Ayuntamiento ha creado dos filas diferenciadas: una para el trámite de regularización y otra para el resto de gestiones municipales, aunque la concentración de personas siguió siendo alta.

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, describió la medida como "uno de los grandes hitos de esta legislatura" y aseguró que la plataforma telemática funciona 24 horas al día, pero los funcionarios municipales advierten que la tramitación presencial está saturada.

Los servicios sociales deben validar cada caso antes de emitir el certificado de vulnerabilidad, lo que ralentiza el proceso y genera incertidumbre entre las familias solicitantes.

El conflicto refleja una tensión creciente entre los ayuntamientos y el Gobierno central sobre la puesta en marcha de la regularización, cuyo objetivo es integrar a los migrantes al mercado laboral y a la seguridad social.

Si la queja de Zaragoza prospera, las juntas de distrito podrían asumir la emisión de los certificados, aliviando las colas; mientras tanto, los migrantes continúan esperando, con la esperanza de regularizar su situación antes del 30 de junio.