El Ministerio del Interior autorizó en diciembre de 2024 la transferencia de 6.111 cajas archivísticas que cubren el periodo 1829‑1994 al Archivo General de la Administración, pero hasta la fecha no ha puesto a disposición del público un catálogo ni ha permitido la consulta normal de los documentos.
Archivo del Interior bloquea acceso a documentos históricos
A pesar de la autorización, las cajas permanecen bajo custodia del Archivo del Interior sin que investigadores puedan revisarlas en condiciones habituales. No existe un inventario público; el acceso depende de solicitudes escritas que pueden tardar semanas o meses en recibir respuesta.
Falta de catálogo y copias censuradas dificultan la investigación
Los historiadores deben describir su proyecto, esperar una respuesta incierta y, si se concede, reciben copias que a menudo llegan censuradas. La legislación reconoce el derecho de acceso a la información histórica, pero la práctica obliga a un trámite burocrático que frena la labor académica.
Marco legal y cifras de desclasificación
La Ley 16/2022 de Memoria Democrática obliga a desclasificar documentos represivos anteriores a 1981. Según el informe anual de 2026, el Ministerio había publicado 1.247.000 expedientes (45 000 m lineales), de los cuales están vinculados a la represión franquista. En 2025 se registraron solicitudes de acceso, con una tasa de aprobación del . Para conocer otras iniciativas de memoria, véase la cobertura sobre .
