Testimonio de la secretaria
El martes 21 de abril de 2026, Ana María Aranda, secretaria de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, declaró ante el Tribunal Supremo que Víctor de Aldama estuvo presente en la reunión del ministro con Javier Hidalgo, CEO de Globalia, y que el comisionista utilizó el ascensor personal del ministro.
Aranda también señaló que Aldama aparecía tanto solo como acompañado de Koldo García, exasesor de Ábalos, y que los salvaconductos Covid que le permitieron desplazarse fueron expedidos con los datos que le facilitó la Dirección General del Ministerio.
Detalles de los salvaconductos y viajes oficiales
La secretaria confirmó que Jésica Rodríguez, pareja del ministro, acompañó 13 de los 293 viajes oficiales de Ábalos, y que los gastos fueron cubiertos con la tarjeta personal de Koldo García, sin recurrir a fondos públicos.
El caso, que se investiga por presuntas comisiones ilegales en adjudicaciones de obra pública por cerca de 100 millones de euros y la compra de 8 millones de mascarillas durante la pandemia, implica a varios altos cargos del PSOE. Más información en la investigación de Eduard Rivas, jefe de gabinete de Illa, por presunto desvío de fondos públicos.
Contexto de la investigación y posibles consecuencias
Según la Fiscalía, los contratos de ADIF relacionados con desviaciones de vías ferroviarias suman aproximadamente 100 millones de euros, mientras que la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos bajo la dirección de Koldo García, según declaraciones de testigos. Detalles adicionales aparecen en la denuncia contra Renner Energies y la Fiscalía de Zamora por prevaricación en proyecto eólico.
La defensa de Koldo García había renunciado a testificar a Juan Manuel Serrano Quintana y al funcionario Juan Fernández Palomino, limitando la visión de la acusación.
El juicio avanza con la comparecencia de la exsecretaria de Aldama y la posible inclusión de nuevos testimonios, lo que podría ampliar la investigación sobre la supuesta trama de comisiones.
Si el tribunal confirma la existencia de una red de comisiones, los implicados podrían enfrentar penas de prisión y la anulación de los contratos cuestionados, con repercusión en la gestión de obras públicas y la confianza en el PSOE.
Temas relacionados
Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
¿Te ha gustado este artículo?
Suscríbete a nuestro boletín y recibe las mejores noticias en tu correo cada día.
