PEMA se aplicará a partir del 12 de junio de 2026 y ampliará la retención en Canarias
El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) entrará en vigor el 12 de junio de 2026. A partir de esa fecha, los centros de atención temporal de Canarias podrán retener a personas migrantes durante hasta seis meses, frente al plazo medio de un mes que se aplica hoy.
Esta medida afecta directamente al archipiélago, que se ha convertido en la principal frontera atlántica de la UE. La normativa europea obliga a los Estados miembros a centralizar los procesos de triaje en territorios ultraperiféricos, lo que sitúa a Canarias en el epicentro de la gestión migratoria.
Detalles del nuevo régimen de triaje y la preocupación de las autoridades
El presidente canario Fernando Clavijo y la coordinadora de Oxfam, Sonia Díaz, advierten que la falta de debate previo y de coordinación entre Bruselas, Madrid y el Gobierno regional podría convertir al archipiélago en un centro de retención prolongada. El triaje incluirá un reconocimiento médico, identificación de vulnerabilidades y registro biométrico, con una estancia obligatoria de 12 semanas, prorrogable otras si se solicita asilo.
«La ausencia de un debate real y la imposibilidad de prever los recursos necesarios hacen temer que Canarias se convierta en un agujero negro de derechos humanos», señaló Clavijo. Díaz añadió que la concentración de los procesos en Canarias aumentaría la presión sobre los CATES y los CIE, que ya operan con capacidad limitada.
Contexto migratorio de Canarias y el PEMA
Canarias recibe una presión migratoria alta por la ruta atlántica, una travesía de alto riesgo que lleva a cientos de personas cada año. El PEMA pretende armonizar la gestión en fronteras exteriores de la UE, pero al concentrar los circuitos de triaje en territorios ultraperiféricos, la carga recae sobre un archipiélago fragmentado y alejado del continente.
En los últimos meses, la llegada de embarcaciones con migrantes ha aumentado, mientras que la infraestructura local sigue insuficiente. La situación recuerda a otros episodios críticos en la región, como el incendio en Los Realejos, que también puso de manifiesto la vulnerabilidad de los recursos canarios.
Escenarios futuros y riesgos de derechos humanos
Si no se establecen mecanismos de control y supervisión, Canarias podría convertirse en un «agujero negro» donde los migrantes permanezcan meses sin una resolución clara. Las devoluciones desde el archipiélago, previstas por el PEMA, podrían generar críticas internacionales y presión sobre la política migratoria española.
Los defensores de derechos humanos ya llaman a la creación de un proyecto piloto que garantice asistencia jurídica y sanitaria adecuada durante la retención. Sin esas garantías, la normativa europea corre el riesgo de erosionar los principios de protección que sustentan el asilo.
En este contexto, el Gobierno de Canarias ha solicitado a la administración central una hoja de ruta que incluya recursos financieros, personal especializado y mecanismos de supervisión independientes. La respuesta de Madrid será decisiva para determinar si el PEMA se traduce en una gestión más eficiente o en una ampliación de la vulnerabilidad de los migrantes que llegan a las costas canarias.
«No toleraremos que nuestras islas se conviertan en cárceles», reiteró Clavijo, subrayando la necesidad de un debate amplio antes de la puesta en marcha del pacto.
Próximos pasos: la normativa entrará en vigor en dos meses; mientras tanto, las autoridades canarias y los organismos de la sociedad civil intensificarán sus presiones para conseguir garantías de derechos humanos antes de que se active el nuevo régimen.
