La jueza Amparo Rubio ha citado a declarar a quince personas en el caso VPO Les Naus, un escándalo que involucra la adjudicación irregular de pisos protegidos en el residencial de la misma denominación. Entre los citados están la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, la jefa de Contratación del Ayuntamiento María Pérez‑Hickman y varios propietarios de las viviendas.
Imputación de 15 personas en el escándalo VPO Les Naus de Alicante
La magistrada ha remitido citaciones a instancia de los fiscales anticorrupción, señalando que los quince investigados deberán comparecer el 20 de mayo. La lista incluye a políticos locales, altos funcionarios y una decena de propietarios que habrían recibido los pisos sin cumplir los requisitos legales. La decisión judicial se basa en la apertura de una causa por presuntos delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas, información privilegiada, fraude a la Administración y fraude de ley.
Detalles de los cargos y de los citados
Los hechos investigados giran en torno a la adjudicación de 140 viviendas protegidas en Les Naus. Entre los principales imputados destacan:
Rocío Gómez, exconcejala de Urbanismo, que habría recibido un piso y lo permutó con un inmueble de su suegro, también citado.
María Pérez‑Hickman, directora general de Contratación, cuyos hijos y sobrino poseen viviendas en la urbanización.
Francisco Nieto, arquitecto municipal responsable del expediente, beneficiario de otro piso.
Francisco Ordiñana, gerente de Fraorgi, la empresa gestora de la cooperativa que administra Les Naus.
Roberto Palencia, arquitecto de la Consellería de Vivienda, que validó los visados de las 140 viviendas, incluida la de su esposa, también funcionaria del Ayuntamiento.
Los cargos incluyen prevaricación (decisiones contrarias a la ley), negociaciones prohibidas entre funcionarios y empresas, uso de información privilegiada para favorecer a allegados, y fraude a la Administración y fraude de ley por incumplir los requisitos de acceso a la vivienda protegida.
Próximos pasos del proceso judicial
Los cinco citados como investigados deberán comparecer el 20 de mayo en el juzgado, asistidos de abogado. Una segunda ronda de declaraciones está prevista para el 5 de junio, cuando otros diez adjudicatarios, entre ellos el suegro de Rocío Gómez y la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, Sira Pérez, comparecerán. La instrucción continuará recopilando pruebas y ampliando la lista de imputados si aparecen nuevos indicios.
La conclusión del proceso determinará si los investigados afrontarán penas de prisión, inhabilitación o multas, y si se revocarán las adjudicaciones de los pisos. El caso pone de relieve la necesidad de reforzar los controles en la asignación de viviendas protegidas y la vigilancia de posibles conflictos de interés en la administración local.
