La novena jornada del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama se celebró este martes en el Tribunal Supremo. En ella, el fiscal escuchó a las tres auditoras encargadas por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, de examinar los contratos de mascarillas adjudicados en 2020. Las peritas ratificaron sus conclusiones iniciales y describieron cómo se manipuló el proceso de contratación.
Sala del Tribunal Supremo durante la audiencia del caso Ábalos
Las responsables —Sara Anguita, Ana Balbás y Belén Roel— declararon que García se colocó por encima de los órganos de contratación del Ministerio, imponiendo su criterio sin justificación documental. "Llama la atención que había un jefe de gabinete que intervenía directamente en la adjudicación, algo inusual en estos procedimientos", señaló una de las expertas.
Detalles de la auditoría y presuntas irregularidades
La auditoría, publicada en agosto de 2024, reveló que la compra inicial de 4 millones de mascarillas se duplicó a 8 millones sin que existiera un expediente que lo respaldara. Además, no se pudo acreditar la recepción de 2,8 millones de unidades, equivalentes a 7.262.832 €, destinadas a las entidades públicas de transporte terrestre.
Los peritos también destacaron una cadena de correos electrónicos donde, en menos de quince minutos, el director general modificó la orden de compra de 4 a 8 millones, sin ofrecer motivación escrita ni verbal. La auditoría no logró determinar por qué la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al comisionista Aldama, obtuvo el contrato antes de que se firmara oficialmente.
Otro punto crítico fue la falta de documentación que justificara la declaración de emergencia, que habría relajado los requisitos legales para la adjudicación. Las auditorías no pudieron esclarecer por qué Soluciones de Gestión ya disponía de la información necesaria antes de la firma del contrato.
Posibles consecuencias y próximos pasos
El tribunal evaluará si las conductas descritas constituyen delito de prevaricación, malversación u otro delito contra la Hacienda pública. De confirmarse, los acusados podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión y multas que superen los 10 millones de euros.
Según la práctica judicial, el caso podría derivarse a la Audiencia Nacional para una investigación más profunda, tal como ocurrió en el Juicio Kitchen. La posible derivación abriría la puerta a la incorporación de pruebas adicionales y a la intervención de fiscales especializados.
Para la ciudadanía, el proceso pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de fondos públicos, especialmente en situaciones de emergencia sanitaria. Otros procesos políticos, como la citación del alcalde de Sant Joan, también reflejan la creciente vigilancia judicial sobre la actuación de los responsables públicos.
En cualquier caso, la decisión del Tribunal Supremo será decisiva para definir la responsabilidad penal de Ábalos, García y Aldama, y para sentar un precedente sobre la contratación de suministros críticos en futuras crisis.
