Oferta de 250 millones a la Sepi procesada por el jefe de gabinete de Montero

Oferta Sepi 250 millones procesada por el jefe de gabinete de Montero

Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ex ministra de Hacienda María Jesús Montero, declaró ante el Tribunal Supremo que trasladó la oferta de 250 millones de euros de Víctor de Aldama para adquirir la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en Madrid. La confesión, hecha el pasado martes, confirma que la propuesta pasó a la Dirección General de Patrimonio, entidad encargada de la subasta del inmueble. Supremo autoriza careo de peritos en el caso Ábalos y García por contratos de mascarillas.

Detalles de la operación y papel de los intermediarios

Según la documentación presentada, la oferta fue remitida sin que Montero la reconociera públicamente. Intermediarios clave fueron Koldo García, asesor del entonces ministro de Fomento, y Antonio Cervera, presidente de Sepides y actual director general de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda. Ambos actuaron como enlaces entre Aldama y la Dirección General de Patrimonio.

Aldama, a través de la inmobiliaria Pilot Real Estate, envió una propuesta preliminar el 24 de abril de 2019, firmada por el magnate hindú Harry Hassomal Mohinani en nombre del fondo Platinum Real Estate de Hong Kong, por 201 millones sin IVA. La documentación indica que la propuesta se registró en la Sepi, aunque la ministra negó cualquier carta que avalara la operación.

La ex ministra Montero, al ser interrogada por la portavoz de Vox, afirmó: «Yo no tengo esa carta y me extraña muchísimo la existencia de ninguna carta en ese sentido», descartando cualquier participación directa. Sin embargo, el intercambio de correos entre Aldama y Cervera quedó registrado, lo que sugiere una coordinación interna.

Posibles consecuencias judiciales y políticas

La confesión de Moreno podría derivar en nuevas diligencias de la Comisión de Investigación sobre la Sepi. Los fiscales podrían examinar si la falta de reconocimiento público constituye un delito de encubrimiento o prevaricación. Según la documentación a la que ha accedido este diario, la Comisión de Investigación ya está trabajando en casos como la Fundación FIL de Esparreguera bajo investigación anticorrupción.

Además, la exposición de Koldo García y Antonio Cervera como intermediarios podría ampliar el alcance de la investigación a otros casos de gestión patrimonial estatal. La presión política sobre Montero aumenta, ya que su equipo podría ser citado para declarar ante la comisión.

Si la comisión abre nuevas diligencias, es probable que se soliciten documentos internos de la Dirección General de Patrimonio y se convoquen a testigos clave. El caso podría repercutir en la percepción pública de la gestión del patrimonio estatal y en la credibilidad del Ministerio de Hacienda.

Qué sigue

La Comisión de Investigación aún no ha anunciado una fecha para nuevas actuaciones, pero fuentes cercanas indican que la agenda se revisará en las próximas semanas. Mientras tanto, la oposición exige que se aclare el papel de Montero y sus colaboradores en la operación.