Resumen de los hechos
El pasado 2022 se produjo un derrumbe en la mina de Cerredo, en el concejo de Laviana, que cobró la vida de cinco mineros. La tragedia ha reactivado la investigación de la comisión parlamentaria asturiana, que ha elaborado un informe de más de 300 páginas señalando graves fallos de supervisión y vacíos legales en la gestión del Servicio de Minas. El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha declarado que el Ejecutivo no tiene responsabilidad directa y ha pedido evitar politizar el suceso.
Estrategia de Barbón y debate interno del PSOE
Barbón ha adoptado una postura de negación de responsabilidades, argumentando que las decisiones operativas correspondían a la empresa minera y a los organismos de inspección. Esa posición ha generado tensiones dentro del PSOE regional, donde varios dirigentes cuestionan los nombramientos realizados por el presidente, como el de Belarmina Díaz al Ministerio de Fomento, y la gestión del Servicio de Minas. Los militantes locales acusan que el liderazgo está «enrocándose» para proteger a sus allegados y evitar que la comisión parlamentaria imponga responsabilidades.
En el seno del partido, la unidad se ha visto erosionada. Algunos sectores, apoyados por el sindicato SOMA, exigen una revisión de los nombramientos y una mayor transparencia en la gestión de la minería. "No podemos seguir ignorando los fallos que permitieron que un empresario operara sin la vigilancia adecuada", ha declarado un portavoz del PSOE asturiano. El debate se intensifica mientras la comisión sigue analizando el informe, que no solo apunta a la empresa sino también a la falta de claridad jurídica que favoreció la reactivación de la mina.
