Resumen de la comparecencia
Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, compareció el lunes 22 de abril en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en Madrid. Ante los siete magistrados, negó haber recibido peticiones de José Luis Ábalos relacionadas con la adjudicación de contratos de mascarillas. La audiencia, parte del proceso por el llamado "caso Ábalos", se cerró sin que el tribunal dictara medida cautelar.
Acusaciones y defensa
Pardo de Vera está imputada por presunto amaño de contratos en ADIF y por la contratación irregular de Jésica Rodríguez en el Ministerio de Transportes. La fiscalía sostiene que facilitó la designación de Rodríguez en Ineco, pese a su vínculo sentimental con el ministro. La propia Pardo asegura que nunca intervino en la llegada de Rodríguez, pero sí en su salida, al comunicar al ministro que no se renovaría su contrato por conflicto de intereses. En su defensa, repitió que nunca recibió ninguna solicitud de Ábalos para favorecer a la empresa de mascarillas, argumentando que toda la documentación que lleva consigo es prueba de su inocencia.
Repercusiones legales y profesionales
El proceso judicial sigue abierto en la Audiencia Nacional por el presunto amaño de obras, mientras que el caso de las mascarillas avanza en el Supremo. Si el tribunal concluye que Pardo de Vera actuó sin irregularidades, podría quedar libre de cargos y recuperar parte de su reputación. De lo contrario, una condena implicaría sanciones penales y la imposibilidad de ejercer cargos públicos. La situación también afecta a su empleo actual: en un colegio de Santiago, donde combina la docencia con un máster universitario mientras se recupera de un cáncer diagnosticado hace varios años. El futuro de su carrera depende en gran medida del veredicto del Supremo, que podría sentar un precedente para otros casos de supuesta colusión en la administración.
