Supremo abre causa a Alonso Cantorné por presunta prevaricación

El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné por presunta prevaricación administrativa. El auto se dictó este viernes y se basa en el informe del juzgado de El Vendrell y la recomendación de la Fiscalía.

Supremo abre causa a Alonso Cantorné por presunta prevaricación

El Supremo ha acogido el criterio de la Fiscalía y ha decidido incoar diligencias para confirmar o descartar los indicios de delito. La decisión se sustenta en la exposición razonada remitida en diciembre pasado por el juzgado de El Vendrell, que ya había investigado los hechos.

Detalles de la presunta irregularidad en Altafulla

Durante su mandato como alcalde de Altafulla (2011‑2019), Alonso Cantorné habría adjudicado directamente contratos a Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP. Según la investigación, los contratos se realizaron como "menores" para eludir los requisitos de publicidad y permitir la adjudicación directa, sin seguir el procedimiento de licitación correspondiente.

La Fiscalía sostiene que el alcalde utilizó estos contratos para dar apariencia de legalidad, sabiendo que no cumplían la normativa. Además, se señala una supuesta dinámica de facturación irregular que acompañó a la contratación, lo que podría apuntar a otros delitos de gestión económica.

Posibles desarrollos judiciales

El tribunal ha advertido que la investigación no se limitará al delito de prevaricación. Se ampliarán las diligencias para examinar posibles irregularidades en la facturación y cualquier otro delito que pueda derivarse de los hechos.

Si la investigación confirma los indicios, el Supremo podría formular cargos contra Alonso Cantorné y, en su caso, remitir el caso a la Audiencia Nacional. En caso contrario, el proceso podría archivarse. La evolución del caso será relevante para la actividad parlamentaria del diputado, ya que la posible apertura de causa puede afectar a su inmunidad parlamentaria.

En cualquier escenario, la causa subraya la atención que el poder judicial está prestando a la contratación pública municipal y a la conducta de los cargos electos.