Regularización extraordinaria de inmigrantes: 130.000 solicitudes en la primera semana

130.000 solicitudes y 55.000 citas en la primera semana

El lunes, día en que el real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes comenzó a regir, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó que se habían presentado 130.000 solicitudes y se habían asignado 55.000 citas con plazo hasta el 30 de abril. Esa cifra equivale al 26 % del objetivo de 500.000 regularizaciones que persigue la administración.

Detalles del proceso y obstáculos administrativos

Más de 400 oficinas abrieron sus puertas para atender a los solicitantes, pero la avalancha de peticiones provocó colas y caos. En Cataluña, los servicios sociales declararon estar "desbordados" por la demanda de certificados de vulnerabilidad, documento que ahora es requisito para ciertos casos tras la última revisión del decreto. "El requisito del certificado se incorporó siguiendo el consejo del Consejo de Estado, pero ha generado un cuello de botella que retrasa el trámite", explicó una funcionaria del Ministerio.

Al mismo tiempo, varios ayuntamientos gobernados por el PP han sido señalados por el Ejecutivo como obstáculos. El Gobierno acusó a esas corporaciones de "boicotear" el proceso bajo lo que describió como "instrucciones racistas y xenófobas" del liderazgo del partido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para impugnar el real decreto.

Para contextualizar, el PSOE ha abierto puntos de información para inmigrantes en distintas localidades, como se relata en la nota sobre el PSOE abre punto de información para inmigrantes y el Ayuntamiento de Pozuelo se opone. En Barcelona, cientos de personas hicieron fila alrededor del ayuntamiento el día de la puesta en marcha, según el reportaje de Regularización extraordinaria: mil inmigrantes hacen fila alrededor del Ayuntamiento de Barcelona.

Próximos pasos y posibles repercusiones

El viernes pasado la Secretaría de Estado de Migraciones se reunió con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En la reunión, el ministerio, dirigido por Elma Saiz, solicitó "la máxima colaboración" de la Federación, argumentando que el procedimiento beneficia a todas las administraciones, desde la local hasta la estatal.

Si los ayuntamientos colaboran, el ritmo de tramitación podría acelerarse y acercarse al objetivo de medio millón de regularizaciones. En caso contrario, los recursos judiciales y la resistencia local podrían frenar la medida, generando tensiones entre el gobierno central y las corporaciones autonómicas y locales. El desenlace influirá directamente en la vida de cientos de miles de inmigrantes que esperan la legalización de su situación y en la percepción pública de la política migratoria del Gobierno.