Empresarios valencianos rechazan la cláusula de prioridad nacional en los pactos Vox‑PP

Según el presidente valenciano, la prioridad nacional introduce la nacionalidad como criterio para asignar recursos públicos, sobre todo en políticas sociales y migratorias. Este cambio, según él, rompe con el modelo de distribución basado en la necesidad territorial.

La incertidumbre jurídica generada por la cláusula obliga a las empresas a posponer proyectos de expansión. Lafuente señaló que la falta de claridad eleva los costes financieros y dificulta la planificación a medio plazo.

La rentabilidad de las compañías se ve afectada al limitar el acceso a fondos estatales y europeos. Lafuente explicó que la medida penaliza a las firmas que dependen de subvenciones para I+D y modernización.

El empresario denunció que la cláusula alimenta la narrativa de las «dos Españas», aumentando la polarización política. Para Lafuente, la confrontación desplaza el debate real sobre la economía y el empleo.

Lafuente pidió a los partidos que negocien y cedan para aprobar presupuestos con respeto a la ciudadanía. «Necesitamos política de la buena más que nunca», insistió, añadiendo que la verdadera prioridad nacional es recuperar el diálogo.

La prioridad nacional busca ordenar la distribución de recursos según la nacionalidad de los beneficiarios, favoreciendo a comunidades con mayor población española. El criterio se plantea principalmente en áreas como asistencia a mayores, hostelería y agricultura.

Este modelo contrasta con el principio de solidaridad territorial consagrado en la Constitución, que prohíbe la discriminación por origen. Expertos constitucionales han señalado que la cláusula podría vulnerar el artículo 2, que garantiza la unidad de España.

Políticamente, la inclusión de la medida en los pactos de Vox‑PP ha generado resistencia en otras comunidades autónomas, que la consideran una intromisión en su autonomía. La controversia podría escalar a los tribunales.

Lafuente concluyó que la prioridad nacional debe ceder ante la necesidad de un diálogo constructivo entre empresa y gobierno. Propuso abrir una mesa de negociación con sindicatos y administraciones autonómicas para evitar litigios y favorecer la inversión en la Comunidad Valenciana.