Memoria histórica Rusia
El Parlamento ruso aprobó a finales de marzo de 2024 una ley que castiga con hasta cinco años de prisión a quien niegue que el nazismo intentó destruir los grupos nacionales, étnicos y raciales de la Unión Soviética. La norma se inscribe en la campaña del Kremlin para redefinir la historia oficial.
Política de memoria
Impulsada por Aleksander Bastrikin, jefe del Comité de Investigación ruso, la ley establece penas de tres años para la mayoría de los infractores y cinco años si el delito lo comete un funcionario público o se difunde a través de los medios. Simultáneamente, el Museo del Gulag de Moscú cerró sus puertas y se anunció la creación de un nuevo museo dedicado al "genocidio del pueblo soviético". Además, el 19 de abril se declaró Día del Recuerdo de esas víctimas, consolidando la agenda del gobierno.
"Esta categoría penal no existía en la URSS y su introducción busca reparar una supuesta injusticia histórica", declaró Bastrikin en la sesión parlamentaria.
Contexto histórico
Hasta 2014, Rusia conmemoraba tanto a las víctimas del nazismo como a las del estalinismo, celebrando fechas como el levantamiento de Leningrado y la liberación de Auschwitz. Tras la invasión de Ucrania y el deterioro de las relaciones con Occidente, el discurso oficial desplazó la atención del Holocausto hacia una narrativa de victimización soviética. En 2020, el presidente Vladimir Putin empezó a minimizar la memoria del pueblo judío y a promover el concepto de "genocidio del pueblo soviético" como respuesta a la resolución del Parlamento Europeo que equiparó a la Alemania nazi y la Unión Soviética.
