Parlamento catalán aprueba reforma del reglamento para legalizar sanciones por discursos de odio

En una reunión celebrada esta semana, los representantes de PSC, Junts y ERC acordaron iniciar la reforma del reglamento interno del Parlament para que las sanciones por discursos de odio adquieran rango legal. La decisión, tomada por unanimidad en el órgano rector, responde al caso del diputado de Vox Alberto Tarradas, quien insultó a la parlamentaria Najat Driouech durante una sesión del hemiciclo.

Reforma del reglamento del Parlament para blindar sanciones por discursos de odio

Los tres partidos han pactado incorporar al texto del reglamento las multas previstas en el código de conducta, garantizando su ejecución ante posibles recursos judiciales. La medida busca evitar que expresiones de odio queden sin consecuencias efectivas y proteger el derecho de los parlamentarios a ejercer su labor sin agresiones verbales.

Detalles del proceso y motivos de la reforma

El incidente ocurrió cuando Alberto Tarradas afirmó desde el atril que "de momento" no deportaría a Najat Driouech, una frase que la Mesa del Parlament consideró una vulneración del manual de comportamiento. La Mesa remitió el caso a la comisión del estatuto del diputado, que abrió la puerta a una posible vía judicial. El reglamento actual, aprobado en 2016, carece de fuerza legal, lo que dificulta la aplicación de sanciones si son impugnadas ante los tribunales.

Desde hace casi un año, PSC, Junts y ERC trabajaban conjuntamente en una propuesta que integrara las multas dentro del propio reglamento. Tras meses de intercambios y tres reuniones desde diciembre, las negociaciones se han concretado en un documento que será presentado al pleno para su votación. Como señaló la portavoz de ERC, "Es necesario modificar el reglamento del Parlament, que está pensado para un parlamento en el que no había extrema derecha ni una constante de discursos de odio".

Próximos pasos y posibles repercusiones

Las fuentes indican que la propuesta se presentará y aprobará antes de agosto, evitando que coincida con la precampaña municipal de 2027 y que la extrema derecha la utilice como arma política. La aprobación en el pleno, donde las tres formaciones mantienen mayoría, permitirá que cualquier futuro caso de discurso de odio pueda ser sancionado con multas legalmente vinculantes.

El impacto esperado es doble: por un lado, se reforzará la capacidad del Parlament para mantener el decoro y la seguridad de sus miembros; por otro, se limitará la estrategia de la extrema derecha que ha buscado normalizar expresiones agresivas en la cámara. La reforma, además, se inscribe en un contexto más amplio de renovación institucional, como el reciente anuncio del Parlament sobre el consejo asesor para el milenario del parlamentarismo catalán en 2027 (El Parlament nombra un consejo asesor…).

Si la reforma se aprueba según el calendario previsto, el Parlament contará con un mecanismo sólido para perseguir y castigar los discursos de odio, reduciendo la posibilidad de que futuros incidentes se conviertan en armas de confrontación política.