Begoña Gómez presenta escrito de defensa ante imputación de corrupción
La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ha presentado este lunes ante el juzgado del número 4 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid un escrito de defensa frente a la imputación de cuatro delitos de corrupción. El juez Juan Carlos Peinado ha señalado que el caso podría remitirse a un tribunal del jurado.
En el documento, Gómez admite haber creado en noviembre de 2023 la sociedad Transforma TSC, vinculada a su cátedra en la Universidad Complutense, pero insiste en que la entidad nunca desarrolló actividad alguna, "no tuvo ningún tipo de actividad, ni depositó cuentas anuales, ni registró dominios, derechos o bienes de ningún tipo".
Detalles de la sociedad Transforma TSC y argumentos de la defensa
Transforma TSC se constituyó como una sociedad limitada con objeto de facilitar proyectos académicos y de investigación. Según el registro mercantil, la empresa no ha registrado balance, ni posee bienes, ni ha emitido facturas desde su alta.
La defensa, encabezada por el exministro del Interior Antonio Camacho, argumenta que la mera creación de una entidad sin actividad no constituye infracción penal. Cita la jurisprudencia que exige la existencia de un beneficio ilícito o un perjuicio concreto para tipificar delito de corrupción.
Posibles consecuencias judiciales y reacciones
Si el tribunal acepta la solicitud de absolución, Begoña Gómez quedará libre de los cargos y las acusaciones de la asociación ciudadana HazteOír podrían ser condenadas en costas por temeridad. La petición de costas se basa en la supuesta mala fe de la iniciativa popular que impulsó la denuncia.
HazteOír ha defendido la legitimidad de su denuncia, alegando que la falta de actividad de la sociedad no exime de responsabilidad si se demuestra intención de uso indebido de fondos públicos. El caso sigue generando debate sobre la influencia de asociaciones civiles en procesos judiciales contra miembros del Gobierno.
El desenlace marcará un precedente sobre los límites de la acción popular y la responsabilidad de los familiares de altos cargos. Para los lectores, el proceso es una prueba más de la vigilancia judicial sobre la gestión pública.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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