ZBE se extienden a cuatro municipios del Área Metropolitana de Barcelona
Los ayuntamientos de Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat y Sant Just Desvern han aprobado la implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE) a partir de 2026. La medida afecta a una población total de 124.000 habitantes, según los datos municipales. Cada municipio incorporará la restricción dentro de su perímetro urbano, prohibiendo la circulación de vehículos sin etiqueta ambiental en la zona delimitada.
Moratorias de sanciones para residentes: plazos y justificaciones
Sant Vicenç dels Horts aprobó una moratoria que exime de multas a sus residentes hasta 2030. "Hemos aprobado una moratoria porque la mala calidad del aire no es culpa de los vecinos, sino de la A‑2, la B‑23 y los polígonos industriales cercanos", explicó el alcalde Miguel Comino Haro. La decisión se basa en la falta de alternativas de transporte público suficiente y en la presión económica que suponen las sanciones para una ciudadanía con recursos limitados.
Sant Feliu de Llobregat adoptó una moratoria similar, pero con plazo hasta 2028. El consistorio argumentó que la ausencia de líneas de autobús de alta frecuencia y la proximidad de la autopista B‑23 dificultan la movilidad sostenible de sus habitantes. La ordenanza permite que los vehículos sin etiqueta entren en la ZBE sin riesgo de multa durante el periodo establecido.
En Molins de Rei, el gobierno municipal ha manifestado su intención de estudiar una moratoria antes de la aprobación definitiva de la ordenanza, prevista para el verano. Las autoridades locales señalan que la carencia de servicios de transporte público y la presencia de industrias contaminantes en la zona justifican una posible extensión de la exención.
Sant Just Desvern, por su parte, no contempla una moratoria en la fase inicial. El ayuntamiento indica que la ordenanza se aprobará de cara al verano y que la ZBE cubrirá todo el municipio sin exenciones para residentes. La falta de moratoria se explica por la percepción de que el municipio cuenta con una red de transporte público más adecuada y por la ausencia de fuentes industriales de gran impacto.
Contexto breve: precedentes y modelo de Cerdanyola del Vallès
La estrategia de moratorias se inspira en la experiencia de Cerdanyola del Vallès, primer municipio metropolitano en aplicar una exención temporal a sus vecinos. Allí, la medida se adoptó para compensar la insuficiencia del transporte público y la presión de la industria local. Posteriormente, municipios como Castelldefels y Santa Coloma de Gramenet replicaron el modelo, ajustando los plazos a sus realidades específicas.
El modelo de Cerdanyola se sustenta en la premisa de que la carga de la restricción no debe recaer exclusivamente sobre los ciudadanos, sino que debe ir acompañada de mejoras en la oferta de movilidad colectiva. En los municipios que han seguido el ejemplo, las autoridades han negociado con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) la ampliación de líneas de autobús y la creación de carriles bici.
Perspectivas y próximos pasos
Los cuatro ayuntamientos deberán presentar sus ordenanzas definitivas antes del final del primer semestre de 2026, según el calendario establecido por la Generalitat. La aprobación de las ZBE está vinculada a la recepción de ayudas estatales destinadas a reforzar el transporte público, lo que podría acelerar la puesta en marcha de nuevas rutas de autobús y la mejora de la frecuencia de los servicios existentes.
Si las moratorias se mantienen, los residentes de Sant Vicenç y Sant Feliu podrán seguir utilizando vehículos contaminantes sin sanción durante los próximos años, mientras las autoridades municipales trabajan en la expansión de la red de transporte. En Molins de Rei, la decisión final sobre la moratoria se anunciará en los próximos meses, y en Sant Just Desvern se espera la entrada en vigor de la ZBE sin exenciones.
La medida forma parte del plan más amplio de la Generalitat para reducir las emisiones de gases contaminantes en el Área Metropolitana de Barcelona antes de 2030. La implantación de ZBE en municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes representa el siguiente paso tras la fase inicial en las grandes urbes, y su éxito dependerá de la capacidad de los ayuntamientos para conciliar la restricción vehicular con una oferta de movilidad pública adecuada.
Conclusión
La extensión de las ZBE a estos cuatro municipios marca un hito en la política ambiental de la región. Las moratorias de sanciones buscan equilibrar la protección de la calidad del aire con la realidad socio‑económica de los residentes. El seguimiento de la implementación y la evolución de los servicios de transporte público determinarán si la medida logra sus objetivos de reducción de contaminación sin generar descontento ciudadano.
