Junts exige el cese de Trapero y tres conselleras
Junts, bajo la dirección de Jordi Turull, ha solicitado al presidente Salvador Illa la destitución del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y de las conselleras Núria Parlon (Interior), Esther Niubó (Educación) y Sílvia Paneque (Territori). La petición se hizo pública el sábado, después de que el partido ya hubiera exigido explicaciones por la infiltración de Mossos en una asamblea de profesores.
La solicitud se produce en un contexto de tensión creciente entre el Govern y los partidos posconvergentes, que acusan al Ejecutivo de vulnerar derechos fundamentales de los maestros y de gestionar de forma ineficaz el transporte ferroviario regional.
Motivos de la exigencia y declaraciones de Turull
La medida surge tras dos hechos que, según Junts, evidencian una falta de control y de respeto institucional. Primero, agentes de los Mossos se introdujeron en una reunión de profesores convocada para organizar huelgas hasta final de curso, lo que Turull describió como "espionaje propio de dictaduras". Segundo, el descarrilamiento de un tren de mercancías en Rubí el pasado viernes, ocurrido apenas una semana después de la reapertura del túnel de Rodalies, ha reavivado las críticas a la gestión de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
En una rueda de prensa, Turull acusó al Govern de "tratar a los maestros como delincuentes" y lo calificó de "Govern fallido". Añadió que el Ejecutivo no puede "llenarse la boca hablando de la lucha contra la ultraderecha y de respeto a los derechos y libertades fundamentales" mientras, según él, ataca derechos como el de reunión y el de huelga.
Posibles repercusiones políticas
Si Illa accede a las demandas de Junts, la dimisión de Trapero y de las tres conselleras provocaría una nueva crisis interna en el Govern. La salida de estos cargos reforzaría la presión de ERC, Comuns y CUP, que ya han mostrado su descontento con la gestión del Ejecutivo.
Una renuncia forzada podría obligar a Illa a buscar sustitutos de cara a las próximas negociaciones parlamentarias, lo que, a su vez, podría alterar el equilibrio de poder dentro de la coalición de gobierno. Además, la medida tendría un eco significativo entre los docentes y los usuarios del transporte, sectores que han expresado su malestar por la falta de garantías y la percepción de una gestión autoritaria.
Qué puede pasar a continuación
El Govern todavía no ha respondido oficialmente a la exigencia de Junts. En los próximos días se esperan declaraciones de Illa y, posiblemente, una reunión de gabinete para decidir si se procede a los ceses solicitados. La comunidad docente y los sindicatos están atentos, pues cualquier decisión afectará directamente a la organización de futuras huelgas y a la confianza en las instituciones de seguridad y de transporte.
Mientras tanto, la presión política sigue en aumento y los ciudadanos de Cataluña observarán de cerca cómo se resuelve este conflicto, que pone en juego la credibilidad del Govern y la relación con los partidos opositores.
Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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