Entrada en vigor de la Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario

La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario comenzó a regir el abril de 2024 tras su publicación en el BOE. El Congreso aprobó la normativa el año pasado y ahora obliga a todos los agentes de la cadena alimentaria a adoptar medidas contra el despilfarro.

El texto legal establece un marco obligatorio para productores, distribuidores, supermercados y establecimientos de hostelería. Cada uno debe diseñar y ejecutar un plan de prevención de pérdidas que incluya la gestión de mermas y la redistribución de excedentes a entidades sin ánimo de lucro.

Con la entrada en vigor, el Ministerio de Agricultura y Alimentación ha puesto en marcha un sistema de inspección y seguimiento que permitirá aplicar sanciones a quienes incumplan la normativa. Además, se han previsto incentivos fiscales para las empresas que demuestren cumplimiento efectivo.

Obligaciones y medidas clave de la ley

Los planes de prevención deben contemplar la reducción de pérdidas en la producción, la optimización de la logística y la gestión eficiente de los productos próximos al vencimiento. La normativa exige que los supermercados registren sus mermas y adopten protocolos de donación o reciclado.

La compra sostenible es otro pilar: las administraciones públicas y las grandes cadenas deberán priorizar proveedores que ofrezcan productos con menor riesgo de desperdicio. La redistribución de alimentos excedentes a bancos de alimentos y ONG está ahora respaldada por un régimen sancionador que penaliza la falta de donación y, simultáneamente, concede ventajas fiscales a quienes la realicen.